Ante un inminente fallo definitivo por parte de la justicia federal, que obligaría al ayuntamiento de Puebla a desembolsar la cantidad de 50 millones de pesos a la empresa constructora Desarrollo Iberoamericano (Disa), el síndico Román Lazcano Fernández apeló a los magistrados que llevan el caso a “hacer una correcta interpretación” de la Ley de Obra Pública, pues de lo contrario se dañarán severamente los programas sociales y de obras de la Comuna.
Además, se estaría sentando un precedente negativo para las futuras licitaciones y relaciones con empresas constructoras, pues esto les dará herramientas a sus propietarios para reclamar cobros indebidos, como fue el caso del pago extemporáneo que autorizó el gobierno municipal del panista Luis Paredes Moctezuma, y que ahora exige la compañía Disa –propiedad de Hugo Jiménez Alarcón, un hombre ligado al ex dirigente empresarial Jorge Espina–, al gobierno de la ciudad por la culminación del distribuidor vial Juárez–Serdán, el cual presenta defectos.
Ayer, en conferencia de prensa, Lazcano Fernández afirmó que la Comuna solicitó un nuevo amparo en contra de la resolución del magistrado Carlos Loranca, el cual da la razón a Disa; esto a pesar de que anteriormente la Comuna ya había obtenido dos amparos previos a la orden de pagar que se emitió el pasado 29 de junio del año pasado.
Afirmó que para la sindicatura en este caso existen dos criterios que deben ser tomados en cuenta para que se le conceda la razón al ayuntamiento: uno es la violación al artículo décimo de la Ley de Obra Pública municipal, que señala que todo acuerdo que esté fuera de la ley es nulo.
En ese sentido, subrayó que si el convenio entre el gobierno de Paredes Moctezuma y la empresa no fue aprobado por el cabildo, no existe. De ahí que el tribunal federal debe resolver la nulidad del asunto.
El segundo punto es que lo anterior está sustentado en el artículo 83 de dicha ley, donde se señala que todo convenio que exceda el 20 por ciento del contrato de obra pública debe ser previamente autorizado por el cuerpo de regidores y la Secretaría de Obra Pública, lo cual no ocurrió.
“El problema es que la interpretación que haría este tribunal afectaría no solamente la administración del municipio de Puebla, sino a todas las administraciones del país, pues todo aquello que se encuentra fuera de la ley es nulo de pleno derecho; de lo contrario vendría una simulación a partir de ahora en la que todos los contratistas se adjudicarían la obra a menor precio y posteriormente harían ajustes a los convenios de obra pública, y entonces saldría más costoso para la ciudad de Puebla”, afirmó Lazcano.
Agregó que su gestión será respetuosa del fallo de los magistrados aun si no le fuera favorable, y si con esto la justicia federal obliga a pagar a los empresarios 50 millones de pesos, los primeros que estarán en problemas serán los programas de desayunos escolares del Sistema DIF municipal, el programa de bacheo y el de obra pública de la capital.
No obstante, el gasto corriente del gobierno local estará a salvo, pues existe la obligación de ejecutar ese dinero, que ya está programado; sin embargo, habría recortes en áreas como Desarrollo Social, adelantó el síndico.
“Apelo a los magistrados para que su resolución sea apegada a derecho y que sea estudiada de manera exhaustiva”, insistió.
