El Congreso estatal aprobó por unanimidad una nueva Ley de Seguridad Pública en la que se incluye la apertura de un registro de elementos policiacos, un padrón de armamento, la instalación de un observatorio ciudadano y la regulación de empresas de seguridad privada, con el fin de abatir la corrupción en el sistema de seguridad y reducir los índices delictivos del estado.
Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y del Trabajo (PT) destacaron en tribuna que la normativa por sí sola no podrá resolver los problemas en la materia que se reportan en la entidad, por lo que llamaron al gobernador Mario Marín y a los presidentes municipales a realizar los cambios necesarios en las corporaciones que están a su cargo para que la normativa no termine como “letra muerta”.
Los legisladores estatales aprobaron la Ley de Seguridad Pública junto con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica Municipal. El mandatario local tendrá que publicar las modificaciones en el Periódico Oficial del Estado para que entren en vigor.
El diputado del Panal Gustavo Espinosa Vázquez, quien propuso ese paquete de modificaciones legislativas, recordó que la norma establece sólo los marcos generales de acción, por lo que el estado y los municipios tendrán que trabajar en los reglamentos, así como determinar los cambios que realizarán en la estructura, equipo y cuerpo de las fuerzas policiacas.
Uno de los principales objetivos de la nueva Ley de Seguridad Pública es la depuración de las policías Estatal, Judicial –la cual se llamará ministerial una vez que la norma entre en vigor– y Municipales para garantizar que estas corporaciones se integren por los mejores elementos.
De ahí que en la normativa se instituyera el Servicio Policial de Carrera, en el que se determinan las reglas para el ingreso, actuación, desarrollo, permanencia y retiro de los miembros de las fuerzas de seguridad pública; así como la apertura de un registro de elementos policiacos, en el que se aglutinarán los expedientes de los uniformados con el fin de conocer su historial antes de su contratación.
Gustavo Espinosa coincidió con el legislador por el PT José Manuel Benigno Pérez Vega y la diputada perredista Irma Ramos Galindo en que será necesaria la colaboración de los gobiernos estatal y municipal para conseguir una aplicación correcta de ley.
“Este es un paso indispensable; sin embargo, no bastan cambios a las leyes; es necesario que las autoridades cumplan cabalmente con las mismas, pues no sería la primera vez que se legislan normativas de avanzada pero que al ser aplicadas por autoridades corruptas y sin vocación de servicio no sirven de nada”, señaló Pérez Vega ante el pleno del Poder Legislativo.
En su intervención, Irma Ramos celebró el paquete de reformas, pero aclaró que no será la “panacea” que resuelva la crisis en la que se encuentra el sistema de seguridad pública en Puebla.
