El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que en la recta final de la campaña, el PAN arreciará la guerra sucia en contra de su instituto político y, a pregunta expresa, no descartó la posibilidad de que los ataques incluyan denuncias contra Mario Marín Torres.
El jerarca tricolor advirtió lo anterior, luego de que el fin de semana pasado el dirigente nacional del partido derechista, Germán Martínez, afirmó tener pruebas de que el gobierno estatal prepara una distribución masiva de materiales de construcción para favorecer al tricolor.
Armenta ofreció ayer por la mañana una rueda de prensa en un lujoso hotel del Centro Histórico, en la cual también dijo que los priistas respetan a las fuerzas armadas, las cuales están siendo utilizadas de manera propagandística por el gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, la candidata a diputada federal priista por el Distrito IX, Blanca Jiménez, explicó que es necesario adecuar la Ley de Desarrollo Social para que se reconozcan figuras organizativas para la creación de empresas sociales, además de establecer indicadores para la evaluación de resultados en los programas sociales a nivel municipio.
Manifestó que los y las candidatas del PRI promoverán los apoyos económicos y medicinas para grupos vulnerables y también la Ley de protección a los adultos mayores que incluya a los jubilados y pensionados para que se tutelen sus intereses.
En un recorrido por el Distrito IX, invitó a todos los ciudadanos apoyar con el voto para poder ocupar una curul en el Congreso de la Unión y participar en el proceso electoral del 5 de julio y continuar con su labor como gestora de las y los ciudadanos ante las autoridades.
Blanca Jiménez, dijo que se requiere de una cobertura universal y apoyos económicos de salud y la institucionalización de la pobreza para atender sus causas en lugar de programas asistenciales, así como adecuar al sistema educativo nacional en materia de educación rural.
También legislará para crear un programa de apoyo económico a grupos vulnerables enfocado a zonas urbanas, así como reformar la Ley de Coordinación Fiscal mediante el fortalecimiento de la hacienda pública estatal y municipal para atender a comunidades marginadas con mayores recursos.
