Por negligencia del gobierno estatal y federal, el dinero de miles de familias poblanas está en riesgo de perderse ante la operación de empresas mercantiles que bajo la fachada de inversiones inmobiliarias ofrecen al público el pago de hasta 45 por ciento de intereses, denunció el diputado estatal por el PT, José Manuel Benigno Pérez Vega.
Es así, argumentó, porque la ley faculta a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) a demandar la desaparición de compañías como Sitma, Invercapital, Inverbien, Combursa, Burcap, Mas Kapital y Premiercapital, pero hasta el momento las autoridades se han negado a tomar cartas en el asunto.
El escándalo sobre la operación de esas instituciones surgió la semana pasada, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó, a través de un comunicado, que ese tipo de empresas no están autorizadas por el gobierno federal, debido a lo cual los ahorradores carecen de garantías sobre la devolución de su dinero.
En rueda de prensa, Pérez Vega sostuvo que la normativa mercantil incluye procedimientos para desaparecer ese tipo de compañías, los cuales no ponen en práctica las autoridades federales ni estatales por los compromisos que contrajeron con los titulares de esas empresas a lo largo de su carrera política.
“Muchas de las campañas electorales que realizaron altos funcionarios y servidores públicos fueron financiadas con recursos económicos provenientes de esas instituciones”, denunció
Pérez Vega ejemplificó esa conducta con los casos del senador panista Rafael Moreno Valle y el diputado federal priista Jorge Estefan Chidiac, quienes –sostuvo– “aceptaron aportaciones de dinero para apoyar sus aspiraciones políticas”.
Lo anterior, agregó, ha permitido a esas compañías operar por años violando por lo menos seis normativas: la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley General de organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
En ese sentido, exigió al titular de la PGJ, Rodolfo Igor Archundia Sierra, actuar legalmente en contra de esas empresas bajo el amparo del artículo tercero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual dice a la letra: “las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación a petición de cualquier persona, incluso el Ministerio Público”.
Por lo anterior, juzgo como inadmisible que los gobiernos federal y local se nieguen a intervenir en un asunto que representa una “bomba de tiempo” para las personas que han invertido su dinero en esas instituciones, debido a que la recesión económica afectará la liquidez de las mismas y les imposibilitará pagar los altos intereses que ofrecen.
El gobierno del estado sí cuenta con instrumentos jurídicos para proceder contra los responsables de esos fraudes y así evitar un conflicto económico, social y político en la entidad, insistió el legislador al tiempo de señalar: “¡Cómo no darle la razón a los ciudadanos que están hartos de la impunidad que permea en todos los niveles si ésta se fomenta y tolera desde el mismo gobierno!”.
