No podemos estar de acuerdo con el uso desmesurado de la violencia que utilizó el gobierno del estado en contra de profesores que son parte de la disidencia magisterial y un grupo de activistas de derechos humanos, a los que, sin ser parte del conflicto, los aprehendieron cuando se manifestaban pacíficamente en la vía pública a favor de las causas que defiende el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP).
Las detenciones que se hicieron de mentores en el Centro Histórico y en los edificios de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se realizaron con uso excesivo de violencia y de una manera que viola los derechos humanos de los afectados. Sobre todo, es reprobable la saña que se utilizó particularmente contra las mujeres que fueron encarceladas.
No se deben desestimar las versiones de que el CDMP fue infiltrado por agitadores para generar violencia y que se pudiera justificar la intervención policiaca contra los trabajadores de la educación, o también que se llegó a este extremo como resultado de la desesperación del titular de la Secretaría de Educación Pública, Darío Carmona García, de no poder controlar el conflicto en cuestión.
También resulta preocupante que los disturbios de este miércoles se estén generando por la disputa electoral que está en curso o por las pugnas que existen entre dos corrientes al interior del gobierno del estado.
Debe quedar claro que independientemente del desenlace que tenga el conflicto, las demandas de los profesores que participan en el CDMP son justas y genuinas, ya que son apoyadas por la mayoría de los docentes en el estado, que está inconforme con el autoritarismo de la presidente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, y los abusos que cometen los dirigentes locales del sindicato.
Ante ese escenario, es fundamental que el gobierno del estado haga una correcta valoración de que le conviene más si apoyar la democratización del sindicalismo magisterial o la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
