Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APF) en el estado fue acusado de brindar protección a la delegada de esa organización en Tehuacán, quien enfrenta un proceso penal por el delito de abuso de confianza, cometido contra la escuela primaria bilingüe Leona Vicario; además pesa también una acusación contra el banco HSB por entregar recursos a la actual tesorera, sin la firma real de la presidente del comité de padres de familia.
El año pasado Virginia Ramos de la Rosa dejó su cargo como presidente del Comité de Padres de Familia de la primaria bilingüe Leona Vicario, luego de lo cual se detectó un desfalco por 144 mil pesos, dinero que los padres de familia aportaron y que ella se niega a devolver.
La nueva presidente, Isabel Patricia Vélez, decidió interponer una denuncia penal con el número de proceso AP/227/09/TH donde especifica que la acusada no cumplió con el corte de caja y se pide que la justicia le obligue a reponer ese faltante.
Pese a ello desde la APF en el estado existe una línea de protección hacia esa persona ya que hace unos meses se le nombró delegada de la asociación en Tehuacán y, peor aún, el presidente de esa organización, Alejandro Águila Argüelles, así como el tesorero Noé Ramiro Beristaín, fungen como los abogados defensores de Virginia Ramos, dentro del proceso que se le sigue en esta ciudad.
Indignados con el actuar de quienes deberían defender los intereses de esa institución, ubicada en la colonia San Rafael, los padres de familia pidieron la intervención de las autoridades del estado para dar celeridad al proceso, asimismo solicitan que se investiguen los intereses que pueden existir detrás de esas acciones, pues temen que incluso esté involucrado el titular de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo, Bernardo Pozos Gutiérrez.
Un conflicto más que enfrenta esa primaria involucra al banco HSBC, cuyas instalaciones fueron tomadas, ayer, por familiares de los estudiantes para exigir que esa institución bancaria entregue a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dos cheques que la actual tesorera del comité de padres, Maraí Lucía Sorcia Balderas cobró con la firma falsificada de la presidente.
Sobre ese asunto Guadalupe González Beristaín señaló que la PGJE solicitó por escrito al banco la entrega de los documentos, pero hasta la fecha no hay una respuesta positiva, por lo cual existe el temor de que HSBC está involucrado en la entrega del dinero.
Pidió que el asunto se investigue a fondo porque es muy delicado que un banco actúe con tal ligereza en el cobro de dinero, puesto que los cheques deben ir con las firmas tanto de la tesorera como de la presidente, algo que en ésta ocasión no ocurrió.
