El tema de la “contracampaña” como la llamó el semanario Proceso en su portada número 1700 –anular el voto–, no va a terminar. No va a terminar porque es la partidocracia lo que tiene a este país como lo tiene y a nadie de ellos les interesa que esto cambie; porque la política en México se minimiza a la impunidad como condición para que “la maquinaria funcione”, y así se acepta públicamente no sólo en el discurso, sino en los hechos; porque existe un nefasto contubernio entre los partidos políticos y los medios –otra forma de gobierno por la que nadie votó, pero que se alía con el poder establecido para perpetuar la ignorancia popular de los gobernados–. Por ello el tema no va a terminar, porque aunque puede no ser un mecanismo muy útil –la anulación del voto–, eso ha dejado de importar, y es que la sociedad civil encuentra cada vez menos formas para decirle al gobierno,  que francamente ya no se puede más.

La arena del debate son los medios, como se viene haciendo hace años.

Destaco la interesante propuesta planteada por Sergio Aguayo, quien en su columna del periódico Reforma titulada “Por esperanza”, planteó lo siguiente: “Si los candidatos no me convencen, anularé mi voto escribiendo en la boleta el nombre de Esperanza marchita. A esa conclusión llegué después de revisar los hechos y reconocer que me siento un ciudadano agraviado por la clase política”.

En contraposición, John Ackerman expuso en su columna del periódico La Jornada que lo que se tiene que hacer es tomar el espacio público y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, es decir, tampoco va por la anulación del voto como mecanismo de protesta y presión, pero sí por la manifestación pública del desconcentro. Por su parte el especialista en temas electorales, Lorenzo Córdova, en MVS Noticias, comentó que independientemente de lo que pase, la anulación  no vale la pena, ya que de cualquier forma el voto duro pondrá en la curul a los políticos que los partidos promuevan y agregó que es hacerle al caldo gordo a las televisoras que a todas luces buscan como presionar a las organizaciones políticas una vez que estas han intentado –en forma muy mediocre, digo yo– acotar el poder fáctico del duopolio televisivo.

El lunes 8 por la noche en Primer Plano, Lorenzo Meyer dio espaldarazo a Aguayo y dijo que no se trata necesariamente de anular el voto, sino de poner el nombre de un personaje, elección que va a tener que recoger el IFE, lo que lo hace no tan nulo. Leonardo Curzio remató diciendo que “es increíble la soberbia de los actores públicos, cuando critican la anulación del voto”.

En el mismo número de Proceso que menciono al inicio, José Woldenberg dice en una entrevista al reportero Álvaro Delgado que este movimiento dejará “a los que si votan la decisión de cómo se integrará la representación popular”, donde, asegura, radica la mayor debilidad de la anulación. Aunque sí, dice, este asunto refleja “malestar, desencanto y desafección a los partidos”.

El sábado 6 de junio, Jaime Avilés tituló su columna, Desfiladero “Votar o no votar”. Y dice que “este debate es ante todo síntoma de que algo está vivo y tiene derecho y razón de ser”. Citó el libro de José Saramago Ensayo sobre la lucidez, en el que el Nóbel de Literatura habla del voto nulo como “una forma de castigar por su inmoralidad a la clase política”.

Proceso retoma esta semana una parte fundamental del texto al que alude el columnista de La Jornada. No tiene desperdicio la forma en la que Saramago ironizó el desencanto social hacia la clase política. “Durante siglos y siglos fuisteis la cabeza del país y el orgullo de la nación, durante siglos y siglos, en horas de crisis nacional, de aflicción colectiva, nuestro pueblo se habituó a volver los ojos hacia este burgo, hacia estas colinas, sabiendo que de aquí le vendría el remedio, la palabra consoladora, el buen rumbo para el futuro”.

La posibilidad de anular el voto toma una fuerza interesante, el 10 por ciento  podría anular o votar por algún nombre; la toma del espacio que propone Ackerman podría ser parte del “kit” de la protesta que eventualmente apoyaría la presión social. Salir todos los que estamos hartos a reclamar, a lo mejor no habría ni espacio suficiente. Quienes se pronuncian contra la anulación tampoco proponen una nueva forma de sufragar más que la de hacerlo por el menos malo, pero es que de ese no parece haber, porque al final todos (o el 99.9999 por ciento) sucumben y se convierten en gobernantes corruptos, rateros e ineficientes.

La revisión, la lectura, el seguimiento del tema es fundamental en medios que informen pluralmente para lograr tomar una decisión, lo que es un hecho, es que durante años en México hemos venido siguiendo esta forma “democrática” de hacer política y nos ha funcionado de muy poco, para muestra basta un botón: México.

 

 

“Una cara mentirosa debe ocultar lo que sabe un corazón falso…”

William Shakespeare

 

Ante una próxima jornada electoral, todo partido en el poder juega sus cartas. Por ello sus declaraciones inevitablemente, tienen un contenido proselitista. Sin embargo en nuestro país lo anterior ha llegado a verdaderos excesos, pues más allá de las declaraciones, se actúa comprometiendo lo público.

¿Qué hay detrás de los spots del partido en el poder? Un tramposo mensaje del tipo: “Usted es una persona inteligente, por eso estará de acuerdo en que...”. Eso en el fondo es el “... si no votas por Acción Nacional estarás dejando al país en manos del narco...” En otras palabras hay una petición de principio que dudo mucho varios estemos en posición de otorgar, y dudo más que deseemos hacerlo.

Parafraseando a Jenaro Villamil (Proceso versión electrónica 08/06/09/), parece que ya se hizo costumbre una táctica o “estilo personal de gobernar” ante los problemas: primero se minimizan, después se magnifican y por último se toman medidas drásticas para enfrentarlos. Medidas que incluyen declaradamente, el estado de excepción previsto en el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, las cuales requieren ciertas condiciones, que no han sido cumplidas, porque a conveniencia, dicho estado de excepción, no se asume con todas sus consecuencias. El texto constitucional es claro: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, (...) con la aprobación del Congreso de la Unión (...) podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales (...) Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.

Solamente en apego a lo anterior podríamos explicarnos, en un Estado de Derecho, la presencia del Ejército en las calles, la suspensión de actividades por el brote del virus AH1N1, la redada llevada a cabo contra autoridades michoacanas –por cierto electas constitucionalmente–, presuntamente vinculadas a “La Familia”, y lo que se vaya acumulando de aquí a los primeros cuatro días de julio. Así que el Ejecutivo federal es el primero en violentar el Estado de Derecho.

Ante todo este hartazgo y desencanto, la opción de anular las boletas en vez de no votar resulta muy atractiva. Evidentemente con ello se constataría, aun más, la falta de legitimidad –que no de legalidad– del gobierno ¿Y luego? El otrora candidato entrará en funciones y las decisiones que tome sobre lo público, nos afectarán de todos modos. No olvidemos que México cuenta con un sistema de mayoría simple, que le permitirá llegar al Congreso con un solo sufragio.

También ante el hartazgo y desencanto, no podemos soslayar que en México elegimos la democracia como forma de gobierno –ciertamente muy imperfecta– pero es la manera más probada de establecer acuerdos en las sociedades actuales. ¿Nos daremos la oportunidad de seguirla construyendo sabiendo que el voto sólo es una parte de ésta, que requiere el seguimiento, la exigencia y la vigilancia a nuestros representantes? Si no hemos cumplido con nuestra tarea, votar o anular, ¿esa es la cuestión?

 

 

 

Por si la estocada que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le propinó a la reforma electoral, al invalidar el pasado 18 de mayo la decisión del IFE de sancionar la compra y transmisión de un spot adquirido por legisladores del Partido Verde, no hubiese bastado, una juez de San Andrés Cholula concedió un amparo a empresarios adheridos a la Coparmex para contratar propaganda política en medios electrónicos.

Dicho amparo convierte al solicitante, en este caso la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos, en la única persona moral del país facultada para comprar spots en radio y televisión en tiempos electorales, y es grave porque constituye un mal precedente para el espíritu de la nueva ley electoral que quiso ponerle fin al triángulo perverso compuesto por la política, el dinero y los medios; en mayor medida, si como reveló el investigador Gabriel Sosa Plata en su columna radiofónica “Telecom y Medios”, no sólo se ampararon en contra de la referida reforma de organismos empresariales afiliados a la Coparmex, sino también más de 70 concesionarios de radio de diferentes localidades a través de siete amparos colectivos que podrían resolverse en el mismo sentido en las próximas semanas.

Lo extraño del caso, además de la incongruencia con la propia Constitución, es que el amparo otorgado por la titular del séptimo juzgado de distrito del centro auxiliar de la segunda región en San Andrés Cholula, Florida López Hernández, fue extendido únicamente para la parte relativa al párrafo del artículo 41 constitucional que prohíbe a terceros comprar espacios en radio y televisión durante las campañas electorales, cuando este recurso fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales. En otras palabras, representa un traje a la medida de quienes fueron afectados con la cancelación del modelo de comunicación política basado en el dinero. Un traje a la medida de las televisoras, tal y como una de éstas logró llevar al Congreso de la Unión un paquete de reformas cocinado en el horno de sus despachos y no en el recinto legislativo.

Si se revisan los argumentos de la juez, esta lectura resulta más evidente. Por ejemplo, soslayando las razones de fondo presentadas por esta asociación, que en conjunto con otros organismos empresariales e intelectuales apreciaban en la reforma, entre otras amenazas, una restricción a la libertad de expresión, la juez tomó esta decisión judicial porque en el diario de los Debates del Senado no se precisó la hora en que terminó la sesión del 12 de septiembre de 2007, fecha en que esta cámara aprobó la reforma, y no se hizo constar que la reforma fue aprobada por las dos terceras partes de cada cámara, siendo que ésta fue votada por 110 senadores de 128 y 361 diputados de 500, claramente más de las dos terceras partes en ambos casos.

En la misma y risible resolución que evidencia la manera en que se puede jugar con la justicia, la juez argumentó que en la declaratoria que hizo la Cámara de Diputados para dar cuenta que la mayoría de las legislaturas de los estados aprobaron la reforma como lo marca el artículo 135 constitucional, se omitió señalar que Coahuila se manifestó en contra de ésta, enumerándose “sólo” los treinta estados que sí la aprobaron. Por último, encontró como elemento suficiente para conceder el amparo que el decreto de reforma turnado por el Senado al presidente de la República incluye solamente la firma del presidente de la Cámara Alta, en tanto que el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluye esta firma y la del presidente de la Cámara Baja.

De acuerdo con Sosa, el ministro Genaro Góngora Pimentel alcanzó a referir la semana pasada que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría decretar como improcedente todo amparo contra una reforma constitucional, con lo que el otorgado por la juez de San Andrés Cholula no tendría mayor implicación. De cualquier modo, la SCJN debe atraer el caso descrito y corregir la plana no en contra de las televisoras, sino a favor del Estado de Derecho.