En este diario se ha dado a conocer desde el lunes de esta semana la preocupación de usuarios de Financiera Coofia, ya que han intentado retirar sus ahorros y les niegan la entrega del total del dinero. Directivos de esa empresa ayer admitieron que dicha compañía enfrenta una crisis de liquidez debido a que la mayor parte de sus fondos, que depositaron más de 20 mil usuarios, los invirtieron en la industria minera y ésta registra una caída del 60 por ciento en sus ventas.
Por si fuera poco, los directivos también admitieron que Financiera Coofia no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el argumento de que la mayoría de las cajas de ahorro no lo están debido a que son recientes las normas en la materia.
Dicha situación no es solamente es preocupante por lo que pasa en Financiera Coofia, sino por la proliferación de compañías que ofrecen rendimientos a la gente que les deposita dinero, generalmente resultado de sus ahorros, pero sin nunca aclararles que son operaciones de capital de riesgo y que pueden perder lo invertido en cualquier momento. Pero además, que ninguna autoridad los respalda en la posibilidad de un fraude.
Ante estos hechos, es fundamental preguntarse por qué el gobierno federal no interviene y protege a esas empresas. Tal parece que a las autoridades no les conviene regular ese mercado por el desinterés de ayudar a los pequeños deudores, beneficiar a los dueños de grandes capitales y, sobre todo, dar protección a los defraudadores de cuello blanco.
