La ocupación de Oaxaca capital y el sitio a las principales ciudades del estado, lo mismo que la toma de carreteras, casetas, oficinas públicas, escuelas a las que se defiende con armas en la mano por trabajadores de la educación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) , no son más que el preludio de una larga jornada “de lucha” en cuyas vertientes se encuentran como pretexto, la negociación local del pliego petitorio lo mismo que el repudio a la Alianza por la Calidad de Educación (ACE), pacto suscrito entre Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal y Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE. Prototipo de un enfrentamiento cuya estrategia semeja la guerra de guerrillas, el ejemplo de impunidad con la que actúan genera que el modelo usado por los profes de Oaxaca se replique en otras entidades entre las que se encuentran las de Puebla y Guerrero.
Pero al uso “de la fuerza revolucionaria” justificada a través del principio de la lucha de clases y del enfrentamiento en contra de las autoridades educativas, de la administración estatal y municipal, representantes del Estado burgués, se suma otro elemento, común a los grupos que se integran a ese conglomerado denominado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); señalarse como perseguidos –políticos– cuando por casualidad, algunos administradores de la cosa pública, actúan de conformidad con al cargo que les ha sido delegado y tímidamente responden con algunos descuentos por faltas injustificadas y/o liberando a quienes gentes común y corriente sufren la privación ilegal de su libertad por el grave pecado de alquilar su fuerza de trabajo desempeñando algún puesto de menor ralea en la administración pública o más grave aún, por estar realizando algún trámite en alguna oficina pública o transitar a bordo de un transporte público a bordo del cual sufrirán el robo de dinero y pertinencias a manos, claro está, de quienes cubren sus tropelías autodenominándose defensores del pueblo, pueblo a quien agreden por la vía de los hechos.
Los hechos se reproducen y la situaciones se aprenden; “Los maestros poblanos no se rinden” (http//codemagisterialpoblano.blogspot.com –junio 5, 2009–). “Toman otra vez Corde, oficinas de gobierno, casetas” –Consejo Democrático Magisterial Poblano– lo mismo que algunas carreteras y presidencias municipales al tiempo en que anuncian que el movimiento se radicaliza justificando próximas acciones violentas producto del rechazo que esta organización manifiesta a las políticas públicas adoptadas al amparo de una alianza en las cumbres del poder (Calderón–Gordillo), a la antidemocracia que viven dentro de la organización lo mismo que de la perpetuación de sus dirigentes en los puestos de mando sindical, sin importarles que de paso afecten a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres perjudicados por una “lucha” que para los democráticos antidemocráticos es justa, aún cuando de manera egoísta, no piensen en los seres que afectan al no realizar el trabajo docente para el que fueron contratados o por afectar a otros cuando pretenden ejercer sus derechos
Pero convencidos de la justeza de “lucha”, los miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano lo mismo que otro miembros de la CNTE incluida la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), no se percatan que sólo son un instrumento en del doble proceso de negociación salarial impulsado por Elba Esther a partir de su ungimiento como secretaria General del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su radicalización no sólo no les fortalece ante sus enemigos puesto que el CEN del SNTE tiene, a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la titularidad nacional de las relaciones laborales colectivas, sino que les demerita ante una sociedad hastiada por la impunidad con la que so pretexto de la defensa de sus derechos, se conducen.
Cierto es que los trabajadores de la educación inconformes con la conducción antidemocrática, corporativa y patrimonialista del gremio magisterial se encuentran ante un callejón sin salida y que reaccionan ante ello de una manera torpe y visceral desquitándose, en los hechos con quienes ni la deben ni la temen y que cuando su lucha se convierte en una revuelta civil afecta a los más indefensos; a las niñas, los niños, a los adolescentes y a los más pobres entre los pobres, grupos sociales que requieren urgentemente de la liberación que les otorga el proceso educativo y que el movimiento pequeño burgués de los trabajadores de la educación les quita.
Nadie les niega que ejerzan su derecho a oponerse a políticas públicas decididas a sus espaldas y que luchen con todo ahincó por democratizar a un gremio que actualmente sólo beneficia a la administración emanada del Partido Acción Nacional (PAN) y a unos cuantos dirigentes comandados por la jefa Elba Esther Gordillo, pero, si se cuestionan los métodos utilizados cuando afectan a los menos indicados y cuando en los hechos, el movimiento de los trabajadores democráticos de la educación se transforma, aunque ellos no lo quieran ni lo pretendan, en un movimiento reaccionario por los sectores sociales a los que afecta.
