Una verdadera “papa caliente” tiene en su escritorio el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), León Dumit Espinal, ya que se le presentó una queja en la cual se documenta cómo el juez cuarto de lo penal, Alberto Miranda Guerra, desde hace seis meses tiene encarcelado a un arquitecto sin pruebas que acrediten el ilícito del que lo acusan, por un delito que no es grave, con un denunciante que no tiene motivo ni personalidad jurídica para hacerlo y el expediente del caso está oficialmente “extraviado”, por lo que no puede ser revisado por los abogados defensores.
Por si fuera poco, el juez es amigo personal del personaje que acusó y provocó el encarcelamiento del arquitecto. Eso debió haber provocado que Miranda Guerra se excusara de llevar este caso, pero al contrario, al parecer esa es la causa por la cual se ha ensañado contra el acusado y ha permitido una larga lista de actos ilegales.
La mayor dificultad para que proceda esa queja contra el proceso 408/2007 es que el juez cuarto de la penal, Alberto Miranda Guerra, es sobrino y protegido del magistrado Álvaro David López Rubí, lo que al parecer le da impunidad a este servidor público.
Este caso muestra la corrupción y el autoritarismo que priva en el Poder Judicial de Puebla. Al mismo tiempo, es una prueba de fuego para medir qué tanto León Dumit está dispuesto a solapar o combatir los vicios que caracterizan al TSJ.
La queja en cuestión se presentó el pasado 30 de abril, y ya debe resolverse en los próximos días, sobre todo cuando este lunes el arquitecto –que por petición de los familiares se omite su nombre– cumple medio año de estar en la cárcel a causa de una acusación por la que nunca debió haber pisado una prisión.
Los hechos ocurrieron así: en 2007 la empresa del arquitecto, llamada Viayo Construcciones, fue contratada para edificar 239 casas en el fraccionamiento Los Amates, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
El arquitecto fue contratado para construir esas casas por la empresa Barcelona Vivienda, cuyo propietario es José Guillermo Mena Juárez, misma que nunca le entregó insumos para levantar los 239 inmuebles.
El caso es que en 2007 el arquitecto fue demandado penalmente porque supuestamente le entregaron un par de paquetes de materiales de construcción, uno por un millón 780 mil pesos y el otro por 2 millones 846 mil pesos, mismos que no se usaron para el proyecto del fraccionamiento Los Amates.
Por eso lo acusaron del delito de abuso de confianza. Pero resulta que nunca recibió esos paquetes de construcción, y quien lo acusa no es la empresa Barcelona Vivienda ni José Guillermo Mena Juárez, es decir los que lo contrataron, sino un personaje llamado Martín Gabriel Velázquez Mañón, quien no tiene nada que ver en este asunto.
De hecho, nunca ha aparecido José Guillermo Mena Juárez para dar la cara por este caso. No se sabe nada de él. Y este personaje es el único que podría emprender una demanda a nombre de la empresa Barcelona Vivienda.
La denuncia se presentó en 2007 y se ratificó hasta finales de 2008, pero además Martín Gabriel Velázquez Mañón para justificar su intervención en el caso, presentó un documento mediante el cual supuestamente la empresa Barcelona Vivienda le autorizaba a hacerse cargo de sus pleitos y cobranza por un plazo de tres meses, mismo que ya había vencido. Pese a ello, el Ministerio Público y luego el juez le dieron validez a dicho instrumento.
Es decir, de manera inusual le permiten a Gabriel Velázquez Mañón presentar una denuncia con carácter retroactivo –algo que no es válido– y con un documento que ya venció, que no tiene ningún valor jurídico. Además, este personaje dice ser quien entregó los materiales al arquitecto.
Gabriel Velázquez Mañón no ha podido presentar pruebas contundentes que demuestren que le entregó los materiales al arquitecto y, sobre todo, no ha podido demostrar que él sea el dueño de dichos materiales, por tanto no existe ningún delito que lo agravie.
Pese a ello, el 1 de diciembre de 2008 el arquitecto fue detenido y encarcelado en el penal de San Miguel. Y por si fuera poco, el juez Alfredo Miranda Guerra le impuso una fianza de 3 millones 500 mil pesos para dejarlo salir de la cárcel.
Por si fuera poco, los abogados del arquitecto no han podido tener acceso al expediente, ya que siempre en el juzgado les responden que está “extraviado” o que como no le pusieron número de folio no lo pueden encontrar. Entonces surgen las preguntas:
¿Cómo se puede tener en la cárcel a una persona cuyo expediente no existe o no aparece?, ¿es posible que se les olvide ponerle número de folio a un expediente?, ¿cómo puede seguir un proceso penal sin que existan documentos que acrediten la posible inocencia o culpabilidad de un acusado?
La primera sorpresa que sufrió el arquitecto –desde que inició su martirio en diciembre de 2008– fue que lo denunciaran por la desaparición de unos materiales que nunca recibió y por los cuales nunca firmó un documento de haberlos recibido. En su contra se presentaron dos facturas, mismas que resultaron falsas.
La segunda sorpresa es que al arquitecto lo denunció Martín Gabriel Velázquez Mañón, con quien nunca hizo trato alguno. Que no sabe por qué interviene en el caso. Que lo conocía porque era amigo de José Guillermo Mena Juárez, el dueño de Barcelona Vivienda.
La tercera sorpresa, que es la más importante, es que el arquitecto, cuando se presentó a declarar ante el juez Alfredo Miranda Guerra, descubrió que ya conocía a este servidor público del Poder Judicial.
Resulta que el 17 de febrero de 2007, a las 9 de la mañana, en el restaurante Mi Viejo Café de La Noria, fue citado por Martín Gabriel Velázquez para hablar del proyecto del fraccionamiento Los Amates y como era amigo de quien lo contrató, asistió al encuentro.
Ahí, en ese restaurante, Martín Gabriel Velázquez le presentó al arquitecto a una persona que resultó ser el juez Alfredo Miranda Guerra, de quien dijo que era su amigo y lo estaba ayudando para demandar a un constructor que le había robado unos materiales.
Visto de otra manera, el juez Alfredo Miranda se presta a los asuntos privados del empresario Martín Gabriel Velázquez. Qué porquería.
Cuando uno conoce estos casos, uno entiende por qué la gente cuando agarra a un ladrón se quiere hacer justicia por su propia mano y no confía en los jueces.
