El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Valentín Meneses Rojas, reiteró la existencia de los proyectos de construcción de los arcos norte y sur–poniente, e insistió, según reporta nuestro medio en su edición de ayer, jueves 28 de mayo, que la empresa encargada del primer proyecto, Obrascón, Huarte y Laín (OHL), “le informó que el 90 por ciento del derecho de vía para la obra ya está en sus manos”.
Lo anterior resulta poco creíble, debido justamente a la heterogeniedad del territorio y de la población asentada en la zona que se pretende afectar, en principio zonas ejidales y de propiedad privada. Zonas limítrofes entre Puebla y Tlaxcala, que si bien existe un decreto que define un área metropolitana de Puebla–Tlaxcala, compete a dos instancias estatales y federales resolver aspectos sobre dichas afectaciones.
Otro aspecto importante es que diversos grupos de población de las zonas afectadas están organizándose, buscando difundir su problema y generando propuestas alternativas al proyecto gubernamental, que nadie conoce fehacientemente.
Hasta la fecha no se ha presentado por la secretaría competente el trazo de la obra y los estudios que desde la legislación vigente se vuelven imprescindibles para que pueda concretarse. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental avalado por las instancias federales y estatales.
Si los operadores estatales que buscan presionar a los habitantes de la zona intimidándolos, bajo el argumento de que “ya vendieron casi todos”, “mejor vender antes que los expropien”, porque después menos le van a dar por metro cuadrado y otros tantos argumentos, estuvieran actuando conforme a derecho, mostrarían públicamente el proyecto, abriendo la discusión con los posibles afectados de manera colectiva.
Hasta el momento, el aspecto que se ha denunciado por los grupos que se están organizando refleja la manera tradicional de la intervención gubernamental en todas sus instancias, es decir, se avalan proyectos de infraestructura en un supuesto beneficio de la población, sin incluir a la misma en la toma de decisiones y favoreciendo intereses empresariales, de los cuales se vuelven sus gestores, seguramente porque se benefician económicamente de los mismos.
En este caso se busca reproducir lo que he denominado como “patrón de despojo”, recreado una y otra vez desde diversas instancias de gobierno, que atenta contra el patrimonio de una parte de la población, basado en la necesidad de expandir las áreas urbanas y crear infraestructura, en beneficio de unos pocos, y que por cierto es parte de la historia del país y de la transformación de las zonas rurales en urbanas. Por el momento, la moneda está en el aire y dependerá de la organización que pueda generarse en términos de resistencia el devenir de este nuevo conflicto en la entidad.
