En la sesión de ayer del Consejo Local del Instituto Federal Electoral de Puebla, el representante del Partido Nueva Alianza (Panal), Ricardo Mosqueda, y la consejera Alejandra Gutiérrez mostraron –por separado– su inconformidad en contra del ex edil de Puebla Gabriel Hinojosa Rivero, quien está llamando a anular el voto el próximo 5 de julio.
Los argumentos expuestos son que la norma que rige a los procesos electorales federales establece que únicamente corresponde al IFE, a los partidos y a los candidatos promover el voto. Además, que la emisión del sufragio es una decisión individual que no puede ser inducida y por tanto, Gabriel Hinojosa al estar llamado a anular el votos estaría violando la ley.
Más allá de qué si les asiste la razón o no a la consejera Alejandra Gutiérrez y al representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Mosqueda, o que si la norma se encuentra en ese sentido, resulta un absurdo y un atentado contra la libertad de expresión que se intente sancionar a alguien por llamar a no votar como una manera de sancionar a los partidos y los gobiernos.
Un valor de la democracia es el voto libre, y una forma de expresar un descontento es con el derecho de los ciudadanos de no sufragar por no sentirse satisfechos con las fuerzas políticas, sus propuestas, sus gobiernos o candidatos. De hecho, esa es la causa por la que actualmente se estima que por lo menos seis de cada 10 electores no se presentarán a las urnas el próximo 5 de julio.
