Como respuesta a las acusaciones que sobre la corrupción de su sexenio y los vínculos de su familia con el narcotráfico le hizo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari optó por descalificar a la periodista Carmen Aristegui y fustigar “los términos y condiciones en que realizó la entrevista”, la que consideró abusa de la confianza del ex presidente de la Madrid al exponerlo en “su delicado estado de salud” y también de la audiencia al “ocultar datos” sobre esa condición física y mental del ex mandatario.

La carta fue el inicio de la estrategia que los priistas, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, utilizaron para presionar a Miguel de la Madrid para echar atrás sus propias declaraciones con el argumento de su precario estado de salud, tal y como lo documentaron los diarios La Jornada y Reforma en sus ediciones del viernes 15 de mayo.

La primera consideración al respecto es que Miguel de la Madrid no está solo o abandonado. Vive en compañía de su familia, tiene personal a su cargo, incluidos miembros del Estado Mayor Presidencial que lo custodian y que son pagados por las y los mexicanos y recibe una pensión como ex presidente, también con cargo al erario. ¿Si sus familiares y colaboradores cercanos hubieran juzgado que su estado de salud le había “dañado” las facultades mentales le hubieran permitido conceder la entrevista?, ésta es una pregunta fundamental que pocos han planteado.

La segunda pregunta importante, desde la ética periodística, es si Aristegui debió o no difundir la entrevista. Al respecto, hay que recordar que los periodistas publicamos información que, como primer rasgo relevante, pueda ser considerada de interés público, concepto que no tiene un significado único, pero que puede delimitarse para hacer posible el ejercicio periodístico.

Carla Huerta Ortega en un artículo intitulado “El concepto de interés público y su función en materia de seguridad nacional” afirma que: “los elementos de este concepto compuesto son el  “interés” y lo “público... El interés se refiere al valor o importancia que tiene una cosa para una persona o grupo de personas, lo que implica la existencia de una estimación valorativa y, simultáneamente, la de un provecho o resultado o utilidad que las mismas cosas o bienes tienen, una conveniencia o necesidad, tanto en el orden moral como en el material. Lo público, por su parte, está referido a aquello que es o pertenece al pueblo, la comunidad, las personas en general, pero que no es de titularidad individual” (http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf).

La información, por lo tanto, es de interés público si es valiosa y útil para un grupo de personas. A partir de esta conceptualización del interés público, consideremos la entrevista Aristegui–MMH. El contenido de la misma, en efecto, no era nuevo: muchos políticos, y periodistas han señalado, en algún momento, la corrupción del sexenio salinista y sus presuntos vínculos con el narcotráfico, los que además fueron investigados, sin éxito, en México y Europa. Lo trascendente entonces no estaba únicamente en el contenido de la información, sino en la fuente: aquél que le dio el poder a Salinas, su elector.

Sin duda, el contenido, por venir de quien venía, era de interés público, pues el mismo se constituye en el juicio que sobre su heredero hizo Miguel de la Madrid. Sin duda, sus palabras, por más que sean sólo eso, tienen un valor intrínseco para las y los mexicanos y para la historia nacional: el saber qué piensa en el ocaso de su vida el ex presidente sobre su propia elección.

Fiel a su sinvergüenza y prepotente estilo, talante que se ha fortalecido al cobijo de una autoridad que a más de seis años del memorable “chiquihuitazo” sigue permitiendo la operación ilegal del Canal 40, la empresa de Ricardo Salinas Pliego no sólo decidió desde el año pasado infringir la ley ofreciendo canales de televisión restringida a través de sus canales espejo otorgados por el gobierno federal en 2004, sino que tras salir esta violación a la luz pública en la primera plana del periódico Reforma la semana pasada, ha retado a la autoridad amenazando con que lo seguirá haciendo.

“Aunque no les guste”, refirió TV Azteca en un desplegado difundido en diarios de circulación nacional el pasado jueves 14 de mayo. El servicio se llama Hi–tv y consiste en la comercialización de los canales adicionales conferidos a manera de préstamo a concesionarios y permisionarios en 2004 –por Vicente Fox Quesada– mediante el acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México. Estos canales espejo se autorizaron con una condición y con un propósito. La primera: retransmitir íntegra y simultáneamente los contenidos, en este caso, de los canales 7, 13 y 40. El segundo: servir como prueba para la migración de las señales del sistema analógico al sistema digital, transición prevista para 2021.

¿Cómo? Por medio de un equipo que se vende en las tiendas Elektra a un precio de mil 999 pesos, sin contrato y sin mensualidades. El servicio no suena mal, por el contrario, para el consumidor representa una ventaja en términos de oferta mediática al tener acceso a más canales en la televisión abierta. No obstante, la televisora del Ajusco viola su propio título de concesión para brindar esta oferta, quebrantando el Estado de Derecho y aprendiendo, tal como declaró el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que la impunidad es necesaria para ejercer el poder.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad los artículos 28 y 28–A de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), con los cuales los concesionarios pretendían apropiarse a perpetuidad de sus frecuencias y de los canales espejo para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones. El criterio fue tajante, el uso de las frecuencias de televisión abierta para nuevos servicios de telecomunicaciones, entre los que destacan canales de televisión restringida, precisa de un proceso de licitación pública y del pago de una contraprestación económica al estado. TV Azteca no lo está haciendo y aunque opera al margen de la ley, la culpa no es toda suya, la comparte, al menos, con el Ejecutivo federal y con el Congreso de la Unión.

En su voto particular endosado a la sentencia de la Corte del 20 de agosto de 2007, el ministro Genaro Góngora Pimentel insinuó al Ejecutivo federal reformar el acuerdo de televisión digital terrestre tomando en cuenta el razonamiento del Poder Judicial al abrogar los artículos 28 y 28–A de la LFRT. No lo ha hecho. En tanto, brilla por su ausencia en el Senado la iniciativa a la que se comprometió el Grupo Plural para la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Tras el reclamo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, así como de senadores y dirigentes del PAN, PRI y PRD, la Comisión Federal de Telecomunicaciones decidió iniciar procedimientos administrativos en contra de TV Azteca y de Televisora del Valle de México (Canal 40) por presuntas violaciones al artículo 49 de la LFRT. En apego a las leyes respectivas, es la SCY la instancia facultada para aplicar la sanción respectiva, por lo que en manos del gobierno federal se encuentra la posibilidad de frenar el abuso o seguir consintiendo que la televisora se burle la ley.

“...Cuando el ídolo de madera no responde a los rezos de los campesinos, estos le pegan; cuando el ídolo de carne y hueso no satisface a los hombres civilizados, estos le cortan la cabeza...”

George Bernard Shaw

Dos noticias resultan elementos que evidencian la descomposición de lo público en nuestro país. La polémica desatada por el mal logrado desdecirse de Miguel de la Madrid a partir de la entrevista realizada por Carmen Aristegui, que aunada a la hipócrita intervención al respecto de Carlos Salinas, hacen sospechar que este oscuro personaje sigue, a través de sus personeros, dirigiendo los hilos del poder en México; y la –registrada por algunos medios impresos y eliminada de los espacios informativos de la televisión– fechoría gandaya de TV Azteca por aprovecharse de un –ante el poder de las televisoras– timorato y bocabajeado gobierno que cándidamente facilitó una señal espejo para ir probando la convergencia del sistema analógico al digital, y que en época de elecciones, nos preguntamos, si se atreverá a hacer cumplir la ley.

Con relación a la primera, ni el teacher, como mal llaman algunos cándidos a López Dóriga, ni Pedro Ferriz de Con, próceres de la información mediática, dijeron una sola palabra. Sólo “Brozo”, no en su papel de Víctor Trujillo, sino el misógino personaje del cabello verde se “atrevió” a dar cuenta de ello en su Notifiero. Por supuesto no le dio la “gorda” –como el mismo llama a la nota más importante de la semana–, sino que en la parte introductoria de su programa (el tendedero), ésta apareció como una de tantas que, diluida por la chacota, poco puede incidir en la reflexión de la audiencia de ese espacio mediático.

En cuanto a la segunda, aunque divulgada en los medios impresos desde el año pasado, fue hasta el 11 de mayo, que la Secretaría de Cominicaciones y Transportes y la Cofetel, hablaron al respecto, admitiendo el uso inadecuado que TV Azteca hace de los canales digitales. La nota dada a conocer por Grupo Reforma, colocó nuevamente en la agenda el “desafío” a la autoridad por parte de la televisora propiedad de Ricardo Salinas, y la impunidad con la que sigue actuando.

Los muertos, muertos están, dice la sabiduría popular, ¿y si hoy los muertos son las instituciones de la República que avasalladas por poderes fácticos, inermes esperan la siguiente directriz de aquéllos que la “han sabido hacer”?

Y mientras tanto, los ciudadanos en una interminable crisis económica, de seguridad pública, política, jurídica y social; pero sobre todo, crisis de confianza. ¿A quién le creemos?, Cuando no creemos en nadie, lo público desaparece, ya no hay más vínculo. Lo público tiene como condición el tejido social, es en este donde reside su esperanza. Por ello una vez más, necesitamos mucho diálogo mucho encuentro hay que remendar el tejido social, porque cuando se pierde la esperanza se está dispuesto todo...