Enfrentados por la posesión de los edificios sindicales de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabadores de La Educación (SNTE), representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) han dejado de lado, aulas, escuelas, centros de trabajo y política para llevar sus diferencias a la esfera judicial, transmitiendo, a quienes de ellos aprenden –niños, niñas y adolescentes– un ejemplo carente de valores, poco digno de ser emulado por quienes tarde o temprano tendrán que enfrentar los retos de la vida con las herramientas adquiridas en las instituciones educativas . Acusados por los institucionales entre otros, por los delitos de despojo, robo, daño en propiedad ajena, los maestros democráticos suman a los agravios adjudicados, otros más que cometen en prejuicio de la sociedad de la entidad a quienes amenazas de por medio, apanican, a más con la suspensión de actividades escolares, con el señuelo de la toma de oficinas, carreteras, cacetas de peaje y otras linduras entre las que se encuentran el secuestro, la privación ilegal de la libertad y el robo de dinero y pertenencias de quienes tienen el infortunio de transitar o estar en el lugar en el que se manifiestan y en el que son obligados a cooperar “voluntariamente” con las causas de la democracia.
Pero los líderes y miembros del CDMP no son los únicos que han despojado al CEN del SNTE de parte de su patrimonio. La violencia como instrumento de lucha al que recurren los trabajadores de la educación de cualquier filiación es una constante en la vida del magisterio nacional que les depaupera socialmente. La toma de las oficinas sindicales ha formado parte de la lucha intragremial e intergremial de manera histórica. A guisa de ejemplo tres hechos que forman parte de la memoria colectiva son recordados por el magisterio local y nacional como antecedente de los acontecimientos que ahora aquejan a Cirilo Salas y Eric Lara, secretarios generales de las secciones 51 y 23 del SNTE; uno se remonta al 22 de septiembre de 1972, cuando esbirros de Carlos Jonguitud Barrios se alzaron en contra de Carlos Olmos, a la sazón secretario general del CEN del SNTE y de quien se decía era protegido de Luis Echeverría Álvarez, titular en ese momento del Ejecutivo federal, y metralleta en mano ocuparon la sede del CEN del SNTE ubicada en las calles de Venezuela del centro de la ciudad de México logrando su destitución al frente de la organización. Otro, la toma de las instalaciones de la sección 9, originadas por la reacción adoptada en julio del 2008 por el Comité Ejecutivo de la sección IX del Distrito Federal al ser sustituido por institucionales mediante artilugios de líderes nacionales, recuperadas también de manera violenta por incondicionales de Elba Esther Gordillo Morales, presidente del CEN del SNTE y un tercero más que genera ejemplo de impunidad y que se remonta a la formación local del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla (SETEP) cuando, opinión en contrario de Roberto Juan López Torres atribuidas al líder de la Vanguardia Revolucionaria del Magisterio (VRM) para asumir la secretaría general de la sección, los seguidores de Jesús Saravia y Felipe Guerrero, ex secretario general de la 51, retuvieron para imponerlo, dos edificios sindicales propiedad del SNTE y despojo de por medio, los conservan ilegalmente desde 1984 hasta nuestros días a pesar de que existe un laudo restitutorio favorable al SNTE, resultado de la querella formulada en su tiempo por Jose Luis Velásquez Báez.
El despojo de bienes del patrimonio bajo resguardo del CEN del SNTE ya sea por la vía pacífica o por la armada, so pretexto de que han sido adquiridos con las cuotas sindicales todos los miembros y de que por lo tanto son de propiedad colectiva son falaces dado que de manera explícita la fracción III del capítulo IV: Patrimonio Sindical, del título primero: De los elementos constitutivos del sindicato, de los estatus del SNTE, establece que “Los actos de administración sobre los bienes patrimoniales del Sindicato corresponden exclusivamente al CEN, quien podrá delegar o en su caso revocar esta facultad a los comités ejecutivos seccionales, regionales o delegacionales, en su ámbito de competencia, estando obligados a la conservación y mantenimiento de los mismos.”.
Pero violentos unos y otros se presentan siempre que les es y/o pertinente o necesario, cómo víctimas de la represión que ejerce la autoridad. Expertos en autoseñalarse como los agraviados, incluida la figura de su presidente, siempre se atan el dedo para lograr la simpatía del pueblo a que dicen defender a pesar de que lo agredan mediante la flojera que precede a los malos resultados producto de su falta de trabajo. Exigen una revalorización de su figura cuando en los hechos, transgresores de la legalidad sin importarles que sus movimientos de protesta lastimen a los más pobres e indefensos. Abandonan las aulas y luego, cuando el administrador de las aportaciones de la sociedad ejerce un descuento por faltas, se llaman reprimidos.
Por eso en su día, quienes se comportan como mentores a toda prueba, los que ejercen su profesión a pesar del descrédito que les da entre sus compañeros el cumplir con su trabajo, merecen el reconocimiento de todos aquellos en los que han dejado huella. Con cariño para los verdaderos maestros.
