Habitantes de Lara Grajales se manifestaron ayer frente a la sede del gobierno estatal para exigir la liberación de dos vecinos que permanecen presos desde el año pasado, acusados de motín y daño en propiedad ajena, por los disturbios sucedidos en octubre del año pasado, cuando los pobladores descubrieron que agentes de la Policía de aquel municipio eran integrantes de una banda dedicada al secuestro y tortura de migrantes centroamericanos.
Los manifestantes arribaron al filo del mediodía a Casa Aguayo, poco antes de que el secretario de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, encabezara la rueda de prensa para informar sobre el avance de la influenza humana en la entidad.
A los funcionarios de la dependencia responsable de la política interior en la entidad que los atendieron, los vecinos les pidieron su intervención ante la ex procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, juez de lo penal en el Distrito de Tepeaca y quien lleva el caso de los hechos acontecidos el 12 de octubre del año pasado.
Recordaron que fueron seis las personas detenidas y consignadas por el enfrentamiento con los policías de Lara Grajales; cuatro quedaron en libertad después de haber pagado cada uno fianzas por 57 mil pesos; empero, Yarcinio Bautista Hernández y Alberto Martínez Lozano permanecen encarcelados porque Villeda Martínez –una de las protagonistas de las vejaciones inferidas a la periodista Lydia Cacho Ribeiro– les fijó en medio millón de pesos el costo de su libertad bajo caución.
Mendigan
Además de exigir la libertad de los presos, los vecinos dijeron que los abusos contra migrantes centroamericanos continúan. Hombres que se identifican como integrantes de los Zetas, la sanguinaria banda de narcotraficantes, suben a los vagones de los trenes procedentes de la frontera con Centroamérica que se dirigen hacia los límites con Estados Unidos y asaltan a las personas que viajan ocultas y sin documentos.
Desde octubre a la fecha, abundaron, varios de estos migrantes que salieron de sus casas con el propósito de mejorar su calidad de vida ganando dólares en Estados Unidos, pero que en el trayecto fueron despojados de su dinero, equipaje y otras pertenencias, han acudido a pedir ayuda a las familias de Lara Grajales y otros de plano se han dedicado a mendigar para conseguir el dinero que necesitan para pagar los pasajes de vuelta a su país de origen.
Eduardo Almeida Sánchez, vocero del Nodo de Derechos Humanos, dijo en una entrevista concedida a esta casa editorial ayer por la tarde que desde que Amnistía Internacional emitió la alerta urgente por el maltrato de migrantes en Lara Grajales, el organismo ha estado al pendiente de la situación y continúa con la integración de su expediente.
Los abusos
Como se recordará, el pasado 12 de octubre aproximadamente 32 indocumentados de origen centroamericano fueron secuestrados y torturados por un grupo de al menos 12 hombres que se identificaron como integrantes de los Zetas, apoyados por policías de esta municipio. Los delincuentes extorsionaron a los familiares de las víctimas que residen en Estados Unidos, exigiéndoles 3 mil 500 dólares por la libertad de cada uno.
Los indocumentados lograron escapar, pero la participación de los uniformados en los hechos provocó la ira de la población, que tomó represalias en contra de las autoridades incendiando una patrulla y un par de motocicletas de la corporación de Seguridad Pública.
Los migrantes, provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, fueron secuestrados cuando viajaban ocultos en el tren procedente de Tierra Blanca, Veracruz, con destino a Puebla. En el municipio de Lara Grajales –ubicado a unos 50 kilómetros de la capital poblana– un par de elementos de la Policía Municipal auscultó los vagones de carga y a punta de cañón obligó a los centroamericanos a descender.
Después los uniformados subieron a los centroamericanos a una camioneta de la corporación policiaca y los llevaron a una casa de seguridad ubicada en la 4 Oriente número 7, a dos cuadras de la presidencia municipal de Lara Grajales, que también es el cuartel de la Policía.
En el inmueble había una docena de hombres, con corte estilo militar, comandados por un individuo calvo, robusto y de no más de 40 años de edad, según relataron las víctimas.
Los criminales amenazaron a los migrantes con asesinarlos si no les proporcionaban los nombres y números telefónicos de los familiares y amigos que los esperaban al otro lado de la frontera. Aseguraron que pertenecían a la banda de narcotraficantes conocida como los Zetas, aunque no portaban armas de alto calibre –como suelen hacerlo dichos sicarios–, y sólo tenían en su poder machetes, cuchillos y navajas.
Ante la negativa de los cautivos, los delincuentes iniciaron las torturas: a unos les quemaron el abdomen con encendedores, a otros les atravesaron las manos con armas blancas y a otros más los golpearon en los testículos, las costillas y el rostro.
La mayoría de los torturados, y de quienes atestiguaron las agresiones cedieron. Los secuestradores hicieron las llamadas telefónicas: pusieron a varios de los indocumentados al teléfono y luego exigieron un botín de 3 mil 500 dólares por la liberación de cada uno.
Algunos de los parientes o conocidos de dichas víctimas pagaron el rescate depositándolo en una cuenta bancaria, pero ni de esta forma los criminales soltaron a los centroamericanos.
