El análisis de la reforma constitucional que pretende mejorar la fiscalización de los recursos públicos en el estado evidenció la inconformidad que existe entre la mayoría priista del Congreso local con el trabajo del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, y la presidente de la Comisión Inspectora y también militante del tricolor, Rocío García Olmedo.
Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora y diputado del PRI, no sólo responsabilizó a García Olmedo y Hernández Quintana de que se incrementara el número de cuentas públicas extemporáneas en 580 por ciento durante 2008, sino que además propuso la creación de una Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora para vigilar la conducción de ambos actores.
Las revisiones tienen que ser más rápidas, simples y económicas, pues a más de un año de que terminara la administración municipal 2005–2008 no se ha aprobado la cuenta pública enero–febrero de 2008 de ningún ex alcalde, aseguró el legislador cercano al secretario de Desarrollo Social estatal, Javier López Zavala, durante la sesión de la Comisión Permanente de ayer.
Los diputados panistas Leonor Popócatl Gutiérrez y Andrés Ricardo Macip Monterrosas aplaudieron la intervención de Huerta Morales.
La discusión surgió por la iniciativa que García Olmedo presentó para homologar la Constitución Política local a la Carta Magna federal, a la cual se hicieron reformas en 2008 para reducir la opacidad en la aplicación de los recursos públicos y avanzar en la transparencia y rendición de cuentas en los estados.
En el documento, la legisladora tricolor propone ampliar a siete años el periodo de gestión del titular del OFS, a quien le da la opción de reelegirse en el cargo.
Popócatl Gutiérrez reprobó la propuesta de García Olmedo al explicar que, de aprobarse en esos términos, Hernández Quintana podría mantenerse como auditor general hasta por 15 años y medio.
Debido a que la ley no es retroactiva, apuntó, el año y medio de gestión que lleva al frente del órgano de fiscalización no se tomaría en cuenta.
Poco después de que la iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales e Inspectora para su análisis, Huerta Morales presentó en asuntos generales un proyecto legislativo para crear la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora.
Esa instancia, detalló, se encargará de vigilar la actuación de los servidores públicos del OFS y efectuará reportes sobre las decisiones de la Comisión Inspectora.
La unidad se encargará de recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de parte de los servidores públicos, así como de investigar y fincar responsabilidades en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En tribuna, el diputado priista justificó la propuesta al sostener que diferentes ex presidentes municipales se han inconformado por la tardanza en el análisis de dichas cuentas públicas.
En la revisión de las cuentas públicas 2007 –en la cual participó García Olmedo por primera vez– se turnaron de manera extemporánea 102 informes de revisión, con lo que se contravino el artículo 114 de la Constitución Política de Puebla y los artículos 35 y 36 de la Ley del Órgano de Fiscalización, en los que se determina que esos reportes se deben entregar a más tardar en la segunda quincena de junio.
El número de cuentas extemporáneas, precisó Huerta Morales, se elevó en 580 por ciento en comparación con la fiscalización de los recursos aplicados en 2005, durante la cual sólo 15 informes se turnaron fuera del plazo señalado por la ley.
El diputado, integrante de la Comisión Inspectora, señaló que el órgano, además, no emite documento alguno para acreditar la aprobación de las cuentas públicas, lo que deja en la indefensión a los sujetos de revisión.
Otra queja constante, agregó, es el exceso de los montos observadores, y en su caso, el monto del inicio de responsabilidades, los cuales se encuentran “muy por encima” de los ingresos manejados durante el ejercicio.
