Del total de las empresas que hay en el estado de Puebla, menos del 20 por ciento paga la prestación de utilidades a los trabajadores, lo cual implica que sólo unas 93 mil personas –de las 466 mil que están empleadas en el sector formal– reciben dinero por ese concepto, pese a que es una obligación de los patrones establecida en la Ley Federal del Trabajo.
Así lo señaló el especialista y abogado laboral Abelardo Cuéllar Delgado, quien agregó que la falta de reparto de utilidades se debe a la complicidad de las dirigencias sindicales con los empresarios, la falta de apoyo a los trabajadores por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al argumento de las compañías de que no tuvieron ganancias durante el año.
Las empresas dedicadas al comercio son las que menos otorgan esta prestación laboral, porque la mayor parte de éstas no cuenta con sindicatos, explicó.
“La mayoría de trabajadores ni siquiera conoce la palabra utilidades, nunca en su vida laboral ha accedido a las mismas”, dijo.
El abogado laboral criticó que pese a la falta de reparto de utilidades por parte de los empresarios, las autoridades gubernamentales no hagan nada. Además, agregó que en la mayoría de casos cuando se otorga esta prestación, la misma implica un monto menor a lo que sumó el total de las ganancias de la empresa.
“A los patrones ya se les olvidó lo que es una empresa, como una institución que genere valor agregado y bienestar para sus trabajadores, y sólo ven el signo de pesos en la misma”, subrayó.
Las compañías contratan despachos contables para que les “arreglen” sus finanzas, de modo que se demuestre que hubo muy pocas utilidades en el año. Sin embargo, el problema es que los trabajadores no tienen el dinero para pagarle a algún contador que pruebe la existencia de una mayor cantidad de ganancias.
Otro problema –dijo– es que las dirigencias sindicales respaldan la información fiscal que entregan las empresas, sin revisarla ni corroborar su contenido. Asimismo, si en la empresa no existe algún organismo sindical, los trabajadores no pueden acceder a esta prestación.
La opción que les queda a los trabajadores es acudir a reclamar el pago de utilidades a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), dependencia que le solicita a la empresa su información fiscal, pero en la mayoría de casos cuando los empresarios se enteran de la petición, despiden a los trabajadores que están inconformes.
Cuéllar Delgado agregó que cuando los sindicatos impugnan la carátula fiscal presentada, en la mayoría de ocasiones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respalda a las empresas. Pero, en caso de que no sea así y la información fiscal les permita iniciar una demanda laboral por reparto de utilidades, el procedimiento jurídico tarda de uno a tres años.
“Realmente no hay opción para los trabajadores, todo apunta al beneficio de las compañías”, indicó.
El reparto de utilidades está establecido en los artículos del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo y se debe otorgar a los trabajadores en los meses de abril y mayo. Las empresas que quedan exentas en el pago de esta prestación sólo son las de nueva creación y las de asistencia privada.
