La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) está abandonada a su suerte, ya que tiene cuatro meses sin que funcione su Consejo Consultivo y el presupuesto asignado no alcanza para nada, a tal grado que algunos funcionarios de la CDH que no trabajan o se han dedicado a bloquear las labores del organismo –por ser del grupo político del anterior ombudsman– no pueden ser despedidos porque no hay dinero para liquidarlos.
A eso se debe sumar el desprestigio que en general enfrenta la CDH, pues ante la opinión pública se le percibe como un organismo que poco hace a favor de los derechos humanos y que no se atreve a enfrentar a los poderes públicos, ya que al final la comisión es controlada desde la Secretaría de Gobernación.
El peor presidente que ha tenido la CDH fue José Manuel Cándido Flores Mendoza, quien hundió a la comisión en el peor desprestigio. Cuando se fue, dejó incrustados a dos personajes que eran de su grupo y que actualmente se les considera como un obstáculo para el desarrollo de la comisión. Ellos son: Héctor Reyes Pacheco, quien ocupa la Secretaría Técnica, y Aída Guevara Guevara, jefa del Departamento de Difusión Educativa y Capacitación. La segunda de ellos se ha dedicado a difundir dentro y fuera de la CDH, que la actual ombudsman, Maritza Bullen Navarro, no tiene el control del organismo y no cuenta con un proyecto de trabajo.
Ante ese escenario lo más lógico es que la actual ombudsman emprendiera una limpia entre los funcionarios de la comisión, pero se enfrenta a que no tiene presupuesto para liquidar personal, para realizar actividades extraordinarias y ampliar la cobertura de la CDH.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla tiene el mismo presupuesto desde hace una década, que es más o menos de 18 millones de pesos al año.
Esa cantidad sirve en su mayoría para pagar salarios, gastos de operación y la renta del edificio principal. Fuera de eso, ya no se tiene más fondos.
Los dos anteriores presidentes, Jorge Ramón Morales y Cándido Flores Mendoza, cuando querían hacer actividades extraordinarias, publicaciones especiales y congresos, recurrían a solicitar apoyo financiero al gobierno del estado.
Esa situación al final provocaba un vínculo estrecho entre la CDH y el Poder Ejecutivo, que resta autonomía al órgano protector de los derechos humanos.
Se sabe que Marcia Bullen Navarro está enfrentando el dilema de no pedir dinero al gobierno del estado para no comprometer el trabajo de la comisión, pero al mismo tiempo no cuenta con fondos para sacar adelante un mejor trabajo de la CDH. Es decir, está entrampada.
Aunque en el fondo esta situación lo que se evidencia es la falta de atención del Congreso local al tema de la Comisión de Derechos Humanos.
Al Congreso local no le interesa ni darle más presupuesto a la CDH, ni hacer funcionar su órgano de vigilancia y al mismo tiempo permitir que funcione adecuadamente la principal instancia protectora de los derechos humanos.
Mediante el oficio L–LVII / –901 / 2008, el diputado local José Manuel Janeiro Fernández solicitó el pasado 24 de abril que la Comisión de Derechos Humanos le informara la situación que guarda el Consejo Consultivo de la comisión, el cual es el órgano que vigila el funcionamiento del organismo, elabora el presupuesto y es un cuerpo colegiado de consulta.
El secretario técnico ejecutivo de la CDH, Héctor Reyes Pacheco, le respondió que la última vez que sesionó el Consejo Consultivo fue el 14 de enero de este año y desde entonces, ese cuerpo colegiado no funciona, pues de acuerdo a la última reforma legal a la normatividad que regula a la comisión, el Congreso local debe de nombrar a los nuevos integrantes de dicho consejo.
Es decir, la mayor parte del año la CDH ha funcionado sin el cuerpo colegiado que se supone garantiza que la comisión actúe correctamente, sin que ningún diputado se percate de esa situación.
Bueno, casi todos los diputados, ya que el legislador José Manuel Janeiro el pasado 21 de abril presentó un ocurso mediante el cual solicita a la Gran Comisión del Congreso, presidida por José Othón Bailleres, y a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, Carolina O’farrill, que ya se emita la convocatoria para designar a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que el plazo legal vence el jueves de la próxima semana.
Hasta ayer no había nada al respecto. Es decir, a menos de una semana de que se venza el plazo legal de 120 días naturales –luego de la última reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos– para convocar a la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, la fracción del Partido Revolucionario Institucional y Carolina O’farrill no muestran el más mínimo interés en el tema.
Y no se trata de solamente de un asunto relacionado con la designación de Consejo Consultivo, sino se trata de que Puebla realmente tenga una comisión que denuncie los abusos de autoridades.
Tal parece que en los poderes Ejecutivo y Legislativo se ve a la Comisión de Derechos Humanos únicamente como un ornato, no cómo una instancia que debe de funcionar.
Lo cual muestra el poco interés del Partido Revolucionario Institucional por garantizar que en Puebla se respeten las garantías individuales, que haya contrapesos a los poderes públicos y que los ciudadanos cuenten con órganos eficientes en donde puedan resolver abusos cometidos por funcionarios.
