Entre la clase política, sin importar el color del partido al que se pertenezca, es común entre quienes están en el poder la práctica de intercambiar favores privados por públicos. Ese es el meollo de la denuncia que por delitos de fraude y ejercicio indebido de funciones públicas se presenta en contra del edil de Huamantla.
Ante la depresión de la inversión privada, la mayor parte de los empresarios, grandes, medianos o pequeños, se concentran en la obra pública, sólo que la única vía por la que se puede acceder son los acuerdos, aunque se diga que es por concursos públicos.
La mayor parte de la obras han sido asignadas antes de que las convocatorias salgan a concurso o algunos empresarios tienen tal nivel de penetración que poseen las bases de licitación antes de que se hagan públicas.
La asignación de obra de manera directa y las ganadas por concurso, deben presupuestar una cantidad, casi nunca menor al 15 por ciento, para lo que algunos denominan cabildeo, pero que en nuestro medio es simple y llanamente corrupción.
Los pequeños empresarios se enfrentan ante la dificultad de sacar una obra con menos recursos y por tanto con materiales de menor calidad, porque parte del dinero se queda entre quienes ejercen las funciones de asignación y supervisión de las obras.
A pesar de reconocer estas prácticas, los empresarios se callan porque cualquier declaración pública es castigada y difícilmente volverá a obtener una asignación. Denunciar equivale a quedarse sin trabajo.
A veces los constructores esperan meses para que les sean pagados los honorarios, pero se aguantan porque saben que al final esto puede representar una nueva obra, salvo cuando se les deja de pagar totalmente. Este es el caso de Huamantla.
