Este fin de semana se desató un enfrentamiento entre pobladores de San Andrés Azumiatla y la fuerza pública del gobierno del estado, luego de que los primeros habían retenido a cuatro supuestos topógrafos de un par de empresas que cerca de ahí va a construir una carretera. El saldo de este choque fue 20 labriegos detenidos y un agente de la Policía Judicial muerto por un infarto durante los hechos violentos.
La alternativa para solucionar los conflictos sociales no es que la gente se haga justicia por su propia mano; pero en el caso de San Andrés Azumiatla es comprensible que un numeroso grupo de labriegos haya reaccionado tal como lo hicieron este fin de semana, luego de que perdieron 400 hectáreas de tierras comunales mediante complejos procesos judiciales de los que fueron enterados –en 2008– hasta que estaban resueltos a favor de empresarios que pretenden usar las tierras para proyectos inmobiliarios.
Para nadie es un secreto que los empresarios que se quedaron con las tierras de San Andrés Azumiatla utilizaron influencias políticas y su poder económico para ganar los juicios en cuestión, frente a campesinos que no cuentan con los medios suficientes para defenderse y las instituciones públicas los ignoran.
Lo que se vivió en San Andrés Azumiatla es una muestra de la crispación social que se está generando entre la población que de muchas comunidades campesinas que cada vez están más empobrecidas, que no encuentran alternativas de desarrollo, que sufren abusos de gobernantes y empresas privadas, y que les quieren quitar el único bien que les garantiza la subsistencia, que son sus tierras de cultivo.
