La actriz Itzel Sánchez, integrante del colectivo independiente de artes escénicas La bicicleta, denunció que los representantes del ayuntamiento de Puebla no se presentaron ayer a la primera audiencia de conciliación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que el careo con las autoridades –a las que demanda una disculpa pública por las represiones cometidas en su contra– se pospuso para el próximo 30 de abril.
Asimismo, Itzel Sánchez acusó que el organismo que vigila el cumplimiento de las garantías individuales en la entidad retrasó más de ocho meses la audiencia de conciliación, luego que el pasado 20 de junio de 2008 fue hostigada por un grupo de personas “no identificadas” que le exigieron su salida del zócalo de la ciudad de Puebla, con el argumento de que el gobernador del estado, Mario Marín Torres, haría un recorrido por el Centro Histórico y su presencia “afeaba” el entorno.
En ese momento, la actriz realizaba un perfomance en el que representaba a una estatua viviente de una campesina que, con pancarta en mano, reclamaba la democratización de los espacios culturales y que fueran accesibles para todos.
Itzel Sánchez relató que los cuatro individuos la amenazaron y hostigaron, diciéndole que si no se retiraba del lugar, la Policía Municipal la detendría, pues se necesitaba un permiso del Ayuntamiento para realizar ese tipo de espectáculos callejeros.
Por tal razón, Sánchez, quien también encarna performances de textileras, amas de casa, y personajes como la china poblana y Julieta Glockner, acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para levantar una denuncia en contra de quien resulte responsable de todas las intimidaciones.
En entrevista con La Jornada de Oriente, la actriz agregó que la persecución a los artistas de la calle sucede cada cambio de administración. “Llevo más de siete años tomando plazas públicas con mis performances, y me he dado cuenta de que esta indignante situación es una constante entre los compañeros”, por lo que lamentó que en Puebla, sea un lugar donde los permisos para acceder a los centros culturales más importantes del centro del país estén “burocratizados”.
Por su parte, el Nodo de Derechos Humanos –en voz de Eduardo Almeida– condenó la represión de la que ha sido objeto el colectivo La bicicleta, por lo que afirmó que los ataques contra la libertad de expresión son una muestra de que en Puebla priva la impunidad; además del “violento afán por ocultar lo inocultable, un claro deterioro institucional y una creciente ingobernabilidad”.
