Una comisión de habitantes de Tochmatzintla, comunidad perteneciente al municipio de Huatlatlauca, acudirá este día a las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación (Segob) –en Casa Aguayo– con el fin de exigir el pago de 4 millones 500 mil pesos como concepto de las pérdidas que tuvo la comunidad luego de que tres agentes de la Policía Judicial (PJ) alteraron el orden y hostigaron a los habitantes, durante la fiesta anual del pueblo el pasado 25 de marzo.
Además acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para conocer el estado que guarda la queja promovida hace 20 días contra la Secretaría de Gobernación y el director de la PJ, Hugo Issac Arzola Muñoz, pues los oficiales amenazaron, hostigaron y profirieron insultos en contra de sus personas, por lo que esperan un pronunciamiento conforme a derecho, pues sus garantías individuales fueron violentadas ese día.
La comisión será encabezada por el abogado de los habitantes de la población, Roberto González y el presidente de bienes comunales de Tochmatzintla, Gregorio Herrera Mendoza, quien hace unos días reveló que los judiciales “venían a matarme”, pues los oficiales incursionaron de manera violenta durante el jaripeo nocturno del pueblo para detener a tres sujetos, “que ni siquiera viven allá”.
“Vendremos a exigir lo que nos corresponde. A nosotros nos dieron su palabra que iban a reponernos todos los gastos de la fiesta que se perdieron por irresponsabilidad de los agentes de la Policía Judicial. Vendremos hasta acá a demandar lo que nos pertenece y a ver que es lo que ha pasado con las quejas que pusimos ante derechos humanos”, aclaró vía telefónica uno de los habitantes quien prefirió el anonimato.
Roberto González recordó que el pasado 30 de marzo se reunieron con un representante de menor rango en la Segob, quien no les brindó respuesta sobre las demandas que solicitaron ese día en Casa Aguayo, por lo que en esta ocasión buscarán una reunión con el titular de la dependencia, Mario Montero Serrano, para recibir una respuesta definitiva en su solicitud de pago por los daños ocasionados.
De acuerdo con los habitantes de Huatlatlauca, el acuerdo de pago fue pactado un día después de los hechos, por medio de los cuales la gente de esa comunidad accedió a liberar a los tres agentes de la PJ y a cinco policías municipales.
El pacto fue signado por Jacinto Molina Vélez, representante en Puebla del Ministerio Público federal; Felipe Morales Escamilla, director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la zona foránea sur; Francisco Javier Papaqui Rodríguez, delegado de la Secretaría de Gobernación en la región de Tepexi de Rodríguez, y dos representantes de la población, quienes se comprometieron a investigar a los policías detenidos a fin de fincar responsabilidades por el uso “incorrecto” de las armas de fuego y su “pésimo” actuar en la ejecución de una orden de aprehensión.
