Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) determinaron que el Poder Judicial deberá transparentar y dar a conocer a la opinión pública los salarios, bonos y compensaciones que perciben sus trabajadores.
Lo anterior luego de que los magistrados Pedro Molina, Mariano Reyes Landa y Silvestre Lara Amador confirmaron el resolutivo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax), a través del cual ordena que las retribuciones de los magistrados deben ser del conocimiento público, como lo requirió en su momento un particular.
Al respecto, el presidente de la Sala Electoral–Administrativa, Pedro Molina Flores manifestó que atendiendo a los principios constitucionales de máxima publicidad y derecho de petición, los salarios –incluidos bonos, gratificaciones y otras compensaciones– tienen el carácter de público, por lo que “se determinó confirmar la resolución de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información”.
Molina Flores fue el ponente de la resolución del expediente 177/2008, a través del cual Aquiáhuatl Hernández se inconformó por la resolución de la Caiptlax, al considerar que el dar a conocer esta información pone en riesgo la seguridad e integridad de los magistrados.
De igual forma, los magistrados también resolvieron el expediente 164/2008, del cual fue ponente el magistrado Mariano Reyes Landa, a través del cual el presidente del Tribunal se negaba a desclasificar como reservada la información salarial de los juzgadores locales.
En este caso, refiere el resolutivo, “el hecho de que el comité de información del TSJE haya clasificado como reservada la información sobre bonos, salarios y compensaciones de magistrados y funcionarios del Tribunal, se hizo sin ponderación y verificación alguna.
“En nada advierte que constituya información confidencial la relativa a los ingresos de los servidores públicos”, indica el resolutivo, de tal forma que resultó infundado el que el comité de información haya considerado como agravio esa solicitud de transparencia, pues además se trata de datos que el ente público debe difundir por ley.
Ahora, una vez que la Sala Electoral–Administrativa notifique el fallo a la Caiptlax y al presidente del Tribunal, este último tendrá la obligación de entregar la información a los solicitantes y, en su caso, difundirla en su página de internet.
