Por si fueran pocos los problemas ambientales que aquejan a nuestro país como resultado de un modelo económico depredador y excluyente, ahora se cierne otro de enormes dimensiones y graves consecuencias para la salud humana de los habitantes de la frontera entre Tamaulipas y Texas: se pretende fumigar (o tal vez ya se haya fumigado) una franja fronteriza de 1.8 kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, con Imazapyr, producido por la transnacional BASF y que ahora también se usa dentro del Plan Colombia para fumigar los cultivos de coca.
El objetivo de esta operación, que se ha mantenido fuera del conocimiento de la opinión pública de ambos lados de la frontera, es eliminar la vegetación de la zona, para evitar que se escondan en ella los migrantes ilegales, y para mejorar la visibilidad de la vigilancia de la patrulla fronteriza en la zona.
Bajo esta consideración, al gobierno de Washington le importa muy poco el impacto que esta medida pueda tener en la salud de los pobladores de ambos lados de la frontera, y en el medio ambiente ya que la fumigación por vía aérea del peligroso veneno, asegura su difusión en un radio mucho mayor al que se pretende aplicar, lo cual significa contaminar aire, suelo y mantos freáticos superficiales y profundos, con este tipo de dioxinas que son de los tóxicos más persistentes y agresivos.
Este problema, que a primera vista pareciera afectar sólo a Nuevo Laredo y su región aledaña, por su forma de elaboración y aplicación, sin previo aviso y sin la necesaria consulta al gobierno de México, viola varios acuerdos bilaterales e internacionales, pero además, puede ser el primer ensayo para que en un futuro muy cercano, aviones norteamericanos sobrevuelen el territorio nacional haciendo “fumigaciones preventivas” para erradicar el cultivo de estupefacientes, ante la incapacidad del gobierno mexicano de hacerlo; o en el mejor de los casos, como parte del llamado “Plan Mérida” y con la complicidad del grupo en el poder en México.
