El Congreso estatal intervendrá en el juicio que emprendió el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega en contra de elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz para evitar que la aprehensión ilegal que sufrió en esa comunidad el año pasado quede impune.
Así lo informó la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo local, Carolina O’Farrill Tapia, al conocer que la justicia federal amparó a los captores y agresores del legislador para que recobren la libertad bajo fianza.
La diputada estatal anunció que se reunirá la próxima semana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, León Dumit Espinal, a quien solicitará que no se permitan concesiones para los acusados y se cumpla con la ley en el análisis del caso.
En tanto, Hervey Rivera González, particular del legislador, señaló que los siete policías encarcelados que ganaron el juicio de garantías no podrán salir de prisión porque aún falta que el Ministerio Público acredite los delitos de robo con violencia y privación ilegal de la libertad.
En julio de 2008 elementos de seguridad de Tlacotepec detuvieron al diputado del Partido del Trabajo (PT) y a dos acompañantes más, a quienes privaron de la libertad y golpearon por más de una hora.
Aunque los afectados acusaron al alcalde de esa comunidad, el priista Esteban Gorgonio Merino, de ser el autor intelectual del ataque, sólo los uniformados fueron encarcelados en el penal de Tehuacán por delitos cometidos contra funcionarios públicos, tortura, lesiones calificadas y abuso de autoridad.
Sin embargo, el Juzgado Quinto de lo Penal amparó a los policías el mes pasado, debido a que los denunciantes no lograron acreditar el delito de tortura. Los encarcelados podrán salir de prisión bajo fianza para enfrentar las acusaciones pendientes de lesiones calificadas y abuso de autoridad en libertad.
Al respecto, O’Farrill Tapia reconoció que los ciudadanos tienen derecho a recurrir al juicio de garantías, pero señaló que esto no debe permitir que los elementos de seguridad inculpados queden sin castigo.
El exceso de violencia que se cometió durante la detención de Pérez Vega fue evidente, argumentó la legisladora, porque “hubo lesiones graves y todo el mundo las vio”.
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso anunció que se reunirá con León Dumit para pedirle “de manera respetuosa” detalles sobre la investigación que realiza el Ministerio Público, así como una sentencia justa.
O’Farrill precisó que solicitará el respaldo del presidente de la Gran Comisión, el priista José Othón Bailleres Carriles, pese a que Pérez Vega lo acusó el domingo pasado de estar detrás de los abogados que defienden a los elementos de seguridad.
Esta sería la segunda intervención que realiza el Poder Legislativo en el caso. La primera mediación se realizó con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a quienes solicitaron el año pasado celeridad en las investigaciones.
