Después de que se conoció que la Auditoría Superior de la Federación (AFS) encontró anomalías por 95 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, principalmente relacionadas con pagos indebidos a maestros comisionados, el titular de dicha dependencia, Darío Carmona García, intentó minimizar el contenido del documento –de reciente divulgación– bajo el argumento de que él ya solventó las observaciones que se le hicieron por el gasto ejercido en el año 2007.
Esa respuesta de Darío Carmona García es insatisfactoria e insuficiente, ya que los contribuyentes merecen saber a qué se debe la existencia de un pago tan alto, por encima de los 72 millones de pesos de acuerdo con el dictamen de la AFS para maestros comisionados por petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Desde hace varios años ha existido una serie de dudas respecto a que se ignora el número real de maestros comisionados –que cobran pero no dan clases–, si el número reportado de docentes en esa condición es real o es ficticia su existencia para de esa manera se justifique la sustracción de fondos públicos y quiénes son los beneficiarios de dichas licencias.
Esa información nunca ha sido pública por la relación de complicidad que existe entre autoridades educativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual permite una serie de privilegios y abusos de la organización sindical.
Con los datos de la AFS se exhibe que en el actual sexenio la SEP estatal, bajo la conducción de Darío Carmona García, ha seguido solapando la corrupción que significa la existencia de profesores que cobran y no desarrollan ninguna actividad educativa, y tal parece que el problema, lejos de reducirse, ha estado en constante aumento.
