A lo largo de la jornada de la última sesión del Congreso local se puso en evidencia que la cúpula nacional del PRI, junto con otras fuerzas políticas, no está de acuerdo con el contenido de la reforma constitucional en contra del aborto que se discutió en el Poder Legislativo local, ya que el contenido de ese proyecto viola los derechos humanos, es contraria a convenios internacionales y no está acorde con lo dispuesto en la Constitución General de la República.
La oposición de la cúpula priista, que va desde la presidente nacional Beatriz Paredes Rangel hasta los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, es una muestra clara de que la reforma en cuestión no es un asunto menor ni que únicamente compete al ámbito local.
Ese proyecto legislativo forma parte de una estrategia de la ultraderecha –formada por el clero católico, el PAN, organizaciones como El Yunque y Provida, además del gobierno federal– con la que se busca que la mayoría de los Congresos locales aprueben iniciativas similares para impedir el aborto bajo conceptos de la moral particular del sector reaccionario de México y con ello conseguir que esos términos se plasmen en la Constitución federal.
De esa manera, lo que se busca es quitarles derechos a las mujeres e ignorar la diversidad y pluralidad social que hay en el país, y con ello hacer una contrarreforma a la carta magna para eliminar muchas de las garantías que ahí se consagran. Por eso es necesario evitar que siga avanzando ese proceso de derechización que puede ser la antesala de un régimen fascista.
