La discusión que ayer hubo en el Congreso local de la contrarreforma constitucional que impide la interrupción del embarazo mostró el verdadero rostro de un importante sector del PRI, el cual ha adoptado un comportamiento más ultraderechista que organizaciones como Provida o el Yunque.
Resulta sorprendente que en el debate parlamentario este jueves la fracción del PAN defendió sus ideas –oscurantistas–, pero con un discurso moderado; en cambio los legisladores tricolores Carmen Erika Suck Mendieta, Pablo Fernández del Campo y Juan Antonio González Hernández esgrimieron argumentos que uno esperaba escuchar en voz de fanáticos moralistas como Jorge Serrano Limón, pero no de legisladores de un partido que se supone es de ideas progresistas.
Esos tres legisladores del tricolor se olvidaron de que en el Poder Legislativo se debate con criterios jurídicos, y este jueves, en la tribuna parlamentaria, prácticamente desarrollaron ideas propias de la moralina contenida en el catecismo católico para defender la iniciativa de contrarreforma, olvidándose de los derechos individuales de la mujer, de que las sociedades son plurales y diversas, pero sobre todo ignorando convenios internacionales a favor de la interrupción del embarazo y que suscribió el Estado mexicano bajo los regímenes priistas que gobernaron al país la mayor parte del siglo XX.
Es claro que estos tres diputados, junto con los otros 17 legisladores priistas que votaron a favor de la contrarreforma mostraron ser ignorantes o simplemente le dieron la espalda a la historia y a los postulados del PRI, mismos que ayer sí defendieron los integrantes de la cúpula de ese partido, empezando por la líder nacional, Beatriz Paredes Rangel, junto con el coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, quienes se opusieron al proyecto en cuestión.
En el caso de los diputados se puede entender su ignorancia –sobre todo de los tres antes mencionados, en especial de la antifeminista Erika Suck– y su desdén hacia los grupos de la sociedad que no están de acuerdo con sus ideas. Pero en el caso del gobierno del estado, es fundamental preguntarse:
¿Qué intereses o que tipo de presión se movieron para obligar a un gobierno priista a ir en contra de los principios del PRI?
¿Qué condicionamiento hubo atrás para que el gobernador Mario Marín Torres ignorara la presión que hicieron los integrantes de la cúpula priista?
¿Qué papel jugó el arzobispado de Puebla en la promoción de la aberrante reforma que ayer aprobó el Poder Legislativo?
Para nadie es un secreto que el proyecto salió de las oficinas de Mario Montero Serrano, el secretario de Gobernación, quien prácticamente controla a la fracción del PRI en el Congreso.
Por ahora se ignora cómo se convenció al gobierno marinista de impulsar ese proyecto, pero no debe descartarse que se haya gestado desde que hace tres años se hizo un acuerdo político–electoral entre el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y miembros del Poder Ejecutivo estatal, para que el PAN dejara a un lado el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro a cambio de que en Puebla el albiazul ganara la mayoría de diputaciones federales que estuvieron en juego en la elección presidencial de 2006.
No es que en esas conversaciones entre Abascal y el gobierno marinista se haya establecido el asunto de la reforma constitucional, pero sí abrió la puerta a una serie de presiones del gobierno federal para que se fueran dando una serie de concesiones a lo largo del sexenio.
Y para nadie es un secreto que el clero católico, el PAN, las organizaciones de ultraderecha y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa forman un mismo frente para avanzar en un proyecto de imponer su ideología en todos los ámbitos del país.
En particular esa unión de fuerzas derechistas va en dirección de atacar a la educación básica en sus conceptos de gratuidad, laicidad y obligatoriedad. No se debe olvidar que ya en una ocasión en la plataforma electoral del PAN se había plasmado que estaba en contra de la enseñanza pública.
También los ataques de la derecha están dirigidos a intentar desmantelar a las universidades públicas, la seguridad social, las políticas de desarrollo social y las garantías individuales, así como a los medios de comunicación que no piensan igual que la reacción.
Y otro de los objetivos es imponer la moral de la iglesia católica por encima de todo.
Pues en el pensamiento panista, importa más limitar las libertades, luchar contra el aborto y defender su concepto tradicional de familia en lugar de luchar contra la pobreza, la desigualdad social o buscar un mejor desarrollo democrático para el país.
La derecha no acepta nada de aquello que queda fuera de la lógica del mercado.
