La presidente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Lourdes Quiñones Canales, emitió una misiva, que fue entregada al gobernador Mario Marín Torres, en la cual rechaza el proyecto de reforma constitucional que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la interrupción del embarazo, al señalar:
“Lo incongruente, señor gobernador, es que, siendo el suyo un gobierno de extracción priista y con una Legislatura con mayor representación del partido, se dé cabida a prácticas parlamentarias de tendencia panista que dañan lo alcanzado y van contra la democracia, la libertad y los derechos humanos”.
Esta posición de algunos dirigentes nacional del PRI es sensata y apegada a la defensa de los derechos humanos de la mujer, a diferencia de los legisladores locales del tricolor que abiertamente quieren plasmar la doctrina del Partido Acción Nacional (PAN) en la Constitucional local y generar un retroceso en materia de anticoncepción.
Sin embargo, pese a que se difundió esta protesta del PRI, no debe de descartarse que dicha crítica tenga una intención electoral o una actitud perversa de mostrar cierta inconformidad con la propuesta de reforma, pero en realidad no exhibe una voluntad real del priismo de frenar el proyecto legislativo en cuestión que mañana será votado en el pleno del Congreso.
Es fundamental hacer un llamado al PRI a que actúe con responsabilidad y, sobre todo, deje a un lado criterios del orden político y realmente permita que en el Congreso local se legisle una solución al problema de los abortos clandestinos y se respete el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo.
