En la estructura del Estado, al Poder Legislativo le toca elaborar las leyes, al Ejecutivo velar por su observación y al Judicial juzgar y castigar a quienes violan las reglas que regulan las relaciones sociales dentro de la comunidad.
En la entidad, la experiencia muestra que los tres poderes habían estado en manos de una sola persona, lo que bajo la influencia de los movimientos políticos nacionales fue desligando uno a otro, primero al Legislativo y luego al Judicial.
Con la idea de que la administración de la justicia debe ser pronta y expedita, el máximo órgano judicial en las entidades federativas lo constituye el Tribunal Superior de Justicia, integrado por 14 magistrados de pleno derecho y dos supernumerarios.
El cambio del gobierno de las siglas del PRI a las del PRD planteó un primer conflicto, los magistrados que llegaron a término en el momento del cambio fueron sustituidos por profesionales del derecho más afines al sol azteca que al tricolor.
La existencia de dos fracciones en el pleno determinó que el nombramiento del presidente del Tribunal se convirtiera en una rebatinga, a grado tal que el presidente en funciones se abrogó el derecho de ejercer un doble voto.
Después de seis años de desempeño y en respeto a la inamovilidad de los juzgadores tocaba la evaluación para su ratificación o su cambio, lo que se convirtió en un conflicto porque el Poder Legislativo se adelantó al proceso y los magistrados sintieron vulnerados sus derechos.
Desde hace cuatro años (2005) los poderes Legislativo y Judicial se han mantenido en conflicto constante, unos por cambiar y los otros por mantenerse, lo que ha llevado a conocer la capacidad que el derecho tiene para chicanear.
Ayer se concretó el cambio de tres magistrados, por lo que la ciudadanía espera que la impartición de justicia retome el camino de las leyes para vivir en un verdadero Estado de derecho.
