La fracción parlamentaria del PRI del Congreso estatal pretende aprobar al vapor dos iniciativas que han generado polémica entre los legisladores: la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla y sus municipios, así como las reformas a la Ley de Obra Pública, las cuales se intentarán subir al pleno este jueves pese a que aún no existen consenso entre los diputados.
Mientras la Ley de Coordinación Hacendaria es criticada por los integrantes de la bancada panista por considerar que viola la autonomía de los ayuntamientos en el manejo de los recursos públicos, la propuesta que envió el gobernador Mario Marín Torres para disminuir las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) empezó a discutirse ayer.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, el priista Pablo Fernández del Campo, consideró que en los próximos días se lograrán los acuerdos para aprobar ambas iniciativas en la última sesión del primer periodo ordinario del año, al rechazar que se dé un trato diferenciado a los proyectos de otros partidos.
No obstante, reconoció que la iniciativa de Ley de Seguridad Pública, presentada por el legislador del Partido Nueva Alianza (Panal) Gustavo Espinosa Vázquez, aún no tiene fecha para ser aprobada, pese a que se presentó desde mediados del año pasado.
La bancada priista propuso la Ley de Coordinación Hacendaria el 25 de febrero pasado. Con esta normativa pretende sustituir la Ley para el Federalismo Hacendario que impulsó el ex gobernador del estado Manuel Bartlett Díaz como marco regulatorio en la distribución de los recursos federales a los municipios.
El integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal, el diputado panista Manuel Janeiro Fernández, denunció que la propuesta viola el artículo 115 constitucional porque determina a las autoridades municipales el monto de recursos que tendrán que asignar a las juntas auxiliares, cuando los ayuntamientos tienen derecho a manejar libremente su hacienda.
La iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública se presentó en sesión del Congreso la semana pasada y faculta a las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Salud para realizar obra pública, atribución que concentraba la Seduop a cargo de Javier García Ramírez.
Aunque los legisladores panistas respaldan la propuesta, consideraron que se necesita una modificación más profunda que contemple cambios en los procedimientos de asignación y realización de obra para reducir las anomalías que se cometen con el manejo de ese tipo de proyectos.
