La reforma constitucional que se promueve en el Congreso estatal para impedir la despenalización del aborto en Puebla obligaría a las mujeres a mantener un embarazo, aunque éste sea producto de una violación sexual, se encuentre en riesgo su vida o el feto padezca malformaciones graves, denunció la integrante de Mujeres por la Democracia, Catalina Pérez Osorio, al señalar que feministas, ONG y asociaciones civiles tendrán que emprender una batalla jurídica y social para echar abajo el proyecto.
La iniciativa, presentada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal), fue criticada incluso por el presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor, Carlos Meza Viveros, quien enfatizó que los legisladores no pueden aprobar al garete y de manera unilateral una reforma que polarizará a la sociedad poblana, por lo que pidió someter la propuesta a consulta ciudadana.
El proyecto legislativo se presentó al Congreso el miércoles pasado y consiste en incorporar un nuevo capítulo a la Constitución Política del estado para “establecer los principios fundamentales a partir de los cuales los poderes públicos garantizarán el desarrollo integral de la familia”.
El artículo 18 fracción IV de la iniciativa determina que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, precepto que coincide con la plataforma política del PAN y criterios de asociaciones civiles de derecha, como Provida.
Trascendió que esta propuesta se elaboró a partir de un cabildeo realizado por el nuevo arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, con el gobierno del estado, luego que los integrantes de la bancada del PRD revelaron su interés de reactivar el proyecto para despenalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación, el cual se mantiene en la congeladora del Poder Legislativo desde 2007.
Entrevistada sobre el tema, Pérez Osorio advirtió que los alcances de la reforma van más allá de lo evidente.
No sólo impediría la legalización del aborto en Puebla, sino que eliminaría el derecho actual que tienen las mujeres de suspender el embarazo en caso de que sea resultado de una violación sexual, corra peligro de muerte o los médicos descubran malformaciones graves en el producto.
El artículo segundo transitorio de la iniciativa, argumentó, determina que “todas las disposiciones estatales que se opongan a la reforma serán derogadas”, con lo que quedaría abrogado el artículo 343 del Código de Defensa Social del estado, que determina las tres condicionantes en las que el aborto no es sancionable.
“Con esta reforma las mujeres quedan en la completa indefensión. Dónde quedarían aquellas que son víctimas de abuso sexual y quedan embarazadas”, reprochó la antropóloga y feminista.
Pérez Osorio recordó que el PAN a nivel nacional presentó una propuesta similar que finalmente fue desechada por los ministros de la SCJN, por lo que advirtió que el mismo destino enfrentará la iniciativa poblana.
En tanto, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, María Eugenia D’Aubeterre, atribuyó esta reforma al “proceso de conservadurismo” por el que atraviesa la entidad como causa del control que tienen las fuerzas “más retrógradas y oscurantistas” de la iglesia sobre el Estado.
“A la condición vulnerable de la mujer se suma la imposición del Congreso para que sea madre; por eso lo que cabe es la movilización ciudadana” para concientizar a los legisladores sobre la muerte de mujeres en clínicas clandestinas y los estragos de la maternidad forzada, afirmó.
“No se puede reformar la Constitución al garete”
“Cuando se reforma la Constitución hay que hacerlo con la mano temblorosa. No se puede legislar con una decisión tomada al garete”, subrayó Carlos Meza al indicar que la iniciativa de reforma omitió el sentido humano que debe tener la ley.
Aunque respaldó la defensa de la vida humana, sostuvo que la propuesta debe ser debatida por todos los sectores de la sociedad.
Sabemos, continuó el dirigente priista, que la propuesta se encuentra en la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso, pero eso no significa que tenga que ser aprobada, pues por ser una reforma a la Carta Magna necesita el respaldo del 50 por ciento de los municipios.
