Organizaciones no gubernamentales anunciaron que emprenderán una batalla jurídica en caso de que el Congreso local apruebe la iniciativa de reforma constitucional –que presentó el PRI y ha sido avalada por el PAN y el Panal– en contra de la interrupción del embarazo bajo el argumento de considerar que el Estado debe proteger al ser humano desde su concepción, lo cual viola el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva.
Tal parece que el proyecto de reforma del PRI es ante todo una concesión a la jerarquía católica, y no responde a una preocupación de atender el problema del aborto, ni mucho menos de abordar el tema de los derechos sociales de las mujeres.
Además, resulta una actitud autoritaria del PRI elaborar un proyecto de reforma constitucional sin haberlo consultado con nadie, sin haber recurrido a especialistas en la materia y sin ofrecer alternativas reales para buscar eliminar los abortos clandestinos, tal como se hizo en el Distrito Federal.
Lo más grave de este asunto es que se evidencia que el clero católico tiene un alto poder de influencia en la clase política local, que los diputados del PRI olvidan los principios básicos de su organización partidista y que existen intentos reales de vulnerar al Estado laico, el cual es un proyecto que largamente ha promovido la élite que controla el gobierno federal.
Tal parece que el clero y la derecha, representada por el PAN y ciertos sectores del PRI, están inmersos en la misma intención de permitirle a la jerarquía católica que de nueva cuenta tenga poder político para intentar imponer su moral a la población en general.
