En la entrega anterior nos referimos a los fueros que se crearon después de la Revolución Mexicana, fueros diseñados con los más diversos fines. Algunos se iniciaron, como el Seguro Social, con la más firme intención de brindar seguridad social, de la mejor calidad, a todos los mexicanos. Eso fue en la teoría, cuando menos, copiando a los sistemas de seguridad social del viejo continente. Porque cualquier sistema de seguridad social que no cubre al 100 por ciento de la población está destinado inevitablemente a profundizar y eternizar las diferencias sociales. En la práctica esta intención culminó en una institución que apenas cubre a menos de la mitad de los ciudadanos, pero que obtiene parte de sus recursos del fisco, y otra parte, la que corresponde a los recursos que son aportados supuestamente por los patrones se reflejan finalmente en los precios de todos los bienes y servicios, para que finalmente sean cubiertos por toda la población; es decir, que ya en la práctica, tanto el importe pagado por los patrones como los recursos que son aportados por el fisco, son cubiertos finalmente por todos los mexicanos y se destinan a mantener a una institución que únicamente ampara al 50 por ciento de la población. De esta forma se subsidian el costo de los servicios por una parte de la población que no tiene acceso a ellos.
Así, siguiendo la misma línea de conducta y terminando con resultados similares, en la época echeverriísta se creo otra institución que generó un nuevo fuero, el de el derecho a la vivienda pagada por medio del Infonavit. Una institución que por ley está facultada para utilizar el recurso económico–coactivo, es decir que puede utilizar los mismos métodos que usa el fisco, para obligar a los patrones a cubrir el 5 por ciento del importe de su nómina como aportación para ese organismo. ¿Y qué hace el patrón? Ni modo que saque ese dinero de su bolsillo. Simplemente lo considera un gasto más y lo traslada al precio final del producto o servicio que comercializa. Y en consecuencia, como en el caso del IMSS, ese 5 por ciento es cubierto por los consumidores finales de de todos los productos o servicios al momento de adquirirlos, pero que sólo beneficiará a los asalariados que son derechohabientes del Infonavit, dividiendo a los mexicanos en dos grandes categorías, los que tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda (y actualmente hasta para una segunda vivienda) y aquellos que carecen de este derecho, aunque al momento de adquirir cualesquier bien o servicio también paguen en el precio final de estos la aportación patronal al Infonavit, tengan o no derecho a la prestación.
Y los que carecen de ella reciben, y en muchas ocasiones impregnadas con fines claramente electoreros, una ayuda oficial asistencial, como un apoyo, no como un derecho, (pero con cargo al mismo erario) destinado a que puedan contar con un “piso digno”, aunque carezcan de techo. De techo y de todo lo demás. Y eso a escasos meses de que celebremos el glorioso primer centenario de la senescente Revolución. En un país secuestrado por los intereses creados, donde la igualdad que garantiza el artículo primero de la Constitución de 1917 se une al extenso catálogo de buenas intenciones que se elaboró allá hace más de 90 años, poco antes de que extraviáramos el rumbo, y que se enterró para siempre mediante el peso de una ley tras otra ley, leyes creadas por y para una clase privilegiada por las “conquistas de la revolución” y que mantiene al margen de ellas al resto de la población.
En este país secuestrado por pandillas, y a pesar de la supuesta “alternancia”, del advenimiento de una democracia que en la práctica solamente existe para fines de relevo en el poder, las llamadas “empresas del estado” se han vuelto rehenes de contratos colectivos leoninos que se deben cumplir al pie de la letra porque son “conquistas sindicales sagradas”, aunque estas se encuentren quebradas y tengan que recibir enormes subsidios del erario para seguir existiendo. Entre esas conquistas inamovibles, intocables por ser sagradas, existen cláusulas que no solamente vulneran esa supuesta igualdad ante la ley que debe existir entre los mexicanos, sino que incluso conceden beneficios que implican transgresiones a leyes federales, estatales y municipales, creación de fueros y feudos exclusivos, como es el caso del fluido eléctrico que CFE concede gratuitamente a sus trabajadores (aunque pertenezca a la Nación, así con N mayúscula) y por el cual no pagan impuesto sobre la renta (federal), impuesto al valor agregado (federal), y Derecho al Alumbrado Público como sí lo hacen todos los demás mexicanos.
Lo mismo acontece en Pemex, cuyos empleados reciben vales de gasolina y gas LP, que no se integran al salario y que exceden en mucho el consumo promedio de un trabajador asalariado, por los cuales tampoco pagan impuesto sobre la renta. Fueros y cotos de poder que han crecido como hierba mala al amparo de la “Revolución ”.
¿Cambiará la crisis este estado de cosas? Porque ni soñar en que por patriotismo o verdadero espíritu revolucionario estos “cachorros de la Revolución” renuncien voluntariamente a sus privilegios ilícitos.
Y como muchas de las empresas en cuyo nombre se firmaron los contratos colectivos están quebradas tampoco pueden costear las jugosas jubilaciones y pensiones que deben seguir pagando a quienes laboraron para ellas. Y entonces, una vez más, el erario debe subsidiarlas para que puedan cumplir. Lo cual significa que vía impuestos (IVA e ISR) que pagan todos los mexicanos, se cubre el costo de los beneficios de unos cuantos.
El caso de Luz y Fuerza del Centro (que durante decenios estuvo “en liquidación” por ser absolutamente incapaz de cubrir sus propios gastos y estar técnicamente quebrada) es patético, pues en el 2008 sus ventas fueron de 40 mil millones mientras sus pérdidas llegaron a 32 mil millones de pesos, habiendo “extraviado” por robos, subfacturación y “diablitos” –muchos colocados por sus propios empleados– el 30 por ciento de la energía eléctrica que distribuye. Su gasto corriente fue de 27 mil millones mientras que el gasto destinado a inversión fue de 2 mil. En los últimos cuatro años perdió más de 100 mil millones de pesos, mientras que el gasto destinado a jubilaciones crecía 17 por ciento anual.
Obviamente a los otros mexicanos, que son supuestamente “iguales” y que pagan el kilowatt a precios superiores a los internacionales, les aumentó su salario en un exiguo 4 por ciento anual. Seguramente porque estos mexicanos no contaban con una “parcelita” otorgada o secuestrada a la Revolución como los proletarios y revolucionarios miembros del “izquierdista” Sindicato Mexicano de Electricistas.
Mientras eso sucedía, el 32 por ciento de los hogares mexicanos depende de las remesas enviadas desde el extranjero por aquellos a quienes no les ha hecho justicia la Revolución y se vieron obligados a abandonar su familia y su patria para poder cubrir el costo de los “rescates” y los “fueros” de quienes se adueñaron de los beneficios que en nombre de la “Revolución” se agandallaron unos cuantos.
