El recorte al presupuesto del Instituto Electoral del Estado (IEE) expuso una serie de inconsistencias en el manejo de por lo menos 6 millones de pesos del presupuesto del organismo –10 por ciento de los ingresos totales– de parte del área administrativa que encabezan el director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, y el consejero presidente, Jorge Sánchez Morales.
De acuerdo con un informe del instituto y de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), este año se transfirió una partida de 4.3 millones de pesos a la homologación de sueldos de los nueve consejeros y al pago de salarios del personal de la Unidad de Transparencia, pese a que el gasto real en esos conceptos es de sólo 1.4 millones de pesos.
A eso se le suma la asignación de 1.6 millones de pesos a los ocho representantes de partido acreditados ante el consejo general, la cual “no está fundamentada legalmente”, según la SFA.
Al respecto, el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEE, Fidencio Aguilar Víquez, señaló que no existe claridad ni lógica en las transferencias realizadas por la directora administrativa del instituto, Paola Cruz Castillo, y autorizadas por Bretón Betanzos y Jorge Sánchez, por lo que solicitará una aclaración en la sesión del Consejo General del próximo viernes.
El problema presupuestal del IEE surgió el 8 de enero pasado, cuando las autoridades de la SFA anunciaron que los ingresos del organismo se reducirían de 61.9 millones de pesos a 57.6 millones de pesos.
El 28 de enero, Jorge Sánchez solicitó por escrito una aclaración a la SFA, pues la disminución de 4.3 millones de pesos representó un recorte de 7 por ciento con relación al presupuesto aprobado por el Congreso estatal y un descenso global en los ingresos de 10 por ciento respecto a los recursos económicos que los integrantes del Consejo General del IEE solicitaron –64.4 millones de pesos– para cubrir los gastos de 2009.
La aclaración se realizó el 10 de febrero en una reunión a la que asistieron representantes del IEE y del gobierno estatal, en la cual salieron a relucir las inconsistencias cometidas por los directivos del organismo durante la ejecución del gasto.
De acuerdo con la minuta de la reunión de trabajo, las autoridades de la SFA explicaron que el recorte para el IEE fue de 4.3 millones de pesos porque esos recursos habían sido asignados para pagar el contrato de trabajadores eventuales del proceso electoral de 2007. Sin embargo, la partida se canceló debido a que la obligación económica se cubrió con el presupuesto de 2008.
Con el fin de mantener los ingresos íntegros, Paola Cruz reconoció que si bien los 4.3 millones de pesos ya no se aplicarían al pago de eventuales, debían mantenerse porque fueron reorientados para cubrir la homologación de sueldos de los consejeros electorales, el pago de salarios de la Unidad de Transparencia y el costo de mantenimiento, tenencia y seguro de “un vehículo”.
Entrevistado sobre el tema, Aguilar Víquez indicó que no cuadran las cifras de Paola Cruz, pues la homologación de sueldos, los salarios de trabajadores ni los gastos vehiculares se ajustan al monto de 4.3 millones de pesos.
La homologación exige un gasto anual de 1.2 millones de pesos, explicó, y la Unidad de Transparencia sólo tiene dos trabajadores en nómina que perciben 8 mil pesos mensuales –lo que implicaría una erogación extra de sólo 192 mil pesos.
En la minuta también se señala que los integrantes de la Dirección Administrativa del IEE entregaron en 2008 un subsidio a los partidos políticos de 1.6 millones de pesos que carece de fundamento legal y, además, se reportó un gasto extra de 500 mil pesos por la firma de un convenio entre el órgano estatal y el Instituto Federal Electoral (IFE) que nunca se llevó a cabo.
“El problema que se expone aquí es de carácter administrativo; si las cosas estuvieran en orden y fundamentadas jurídicamente, no habría señalamientos”, concluyó Víquez.
