La bancada priista del Congreso estatal pretende abrogar la Ley para el Federalismo Hacendario que impulsó el ex gobernador del estado Manuel Bartlett Díaz, para regular la entrega de recursos a los municipios, por considerarla obsoleta e inconstitucional.
Con el visto bueno de la fracción panista, el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo local, Humberto Aguilar Viveros, presentó en la sesión del Congreso de ayer la propuesta, con la cual pretende sustituir la denominada ley Bartlett.
La iniciativa priista fue nombrada “Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios”, y tiene por objetivo eliminar las disposiciones que posibilitaban la retención de las participaciones a municipios, así como transparentar la aplicación de los recursos federales.
La ley Bartlett fue aprobada por el Congreso local en marzo de 1998 e impugnada por 13 ayuntamientos –en ese entonces gobernados por el PAN– ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por desconocer la facultad de las autoridades municipales a manejar las participaciones y fondos.
Los municipios que obtuvieron la suspensión fueron Puebla, Acajete, Atlixco, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalantaleca, Tehuacán, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula.
La iniciativa priista que se presentó al Congreso local ayer propone eliminar los consejos de planeación para el desarrollo municipal, mejor conocidos como Coplademun, como intermediarios entre el gobierno estatal y los ayuntamientos poblanos.
En vez de los Coplademun se sugiere la organización de foros de carácter técnico que permitan mejorar la coordinación hacedaria, así como fortalecer los convenios de coordinación y colaboración administrativa entre las instancias estatales y municipales.
Para agilizar la entrega de los recursos federales a los ayuntamientos, la iniciativa considera la distribución del dinero mediante transferencias electrónicas, depósitos bancarios o cheques.
Además, obliga al titular del Poder Ejecutivo local a publicar la metodología, fórmulas y distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) con el fin de que las autoridades estatales no puedan manejarlos de forma discrecional.
Asimismo, se prevé la obligación del estado y de los municipios a elaborar informes sobre el ejercicio de dichos recursos, con excepción de las participaciones y recursos participables.
La iniciativa –turnada a comisiones para su análisis– también considera programas de condonación de adeudos para municipios por parte de las entidades federales, y establece reglas precisas para dar certidumbre al monto adeudado, así como al procedimiento para su reconocimiento y pago.
