Desde este martes, una barda metálica rodea lo que resta de la casona conocida como Villa Flora, ubicada en la esquina de la 2 Oriente y el bulevar Héroes 5 de Mayo, a un costado del Centro de Convenciones, la cual se encuentra desde hace 15 años en litigio por parte de sus propietarios.
Durante los próximos meses dicho lugar podría estar albergando a un nuevo establecimiento comercial; especula que podría ser una sucursal de la franquicia Hard Rock Café, pero se sabe que está destinado para un lugar de entretenimiento que formará parte del Centro Comercial San Francisco.
“Villa Flora y las otras casonas han sido de todo, menos de utilidad pública, como supuestamente se justificó en la expropiación”, señaló uno de los perjudicados, quien agregó que de ese edificio –construido en los primeros años del siglo pasado– sólo queda el “cascarón”, pues todo su interior terminó de ser demolido hace unas semanas.
A pesar de que los nueve perjudicados con la expropiación que realizó la administración del entonces gobernador Manual Bartlett Díaz, como parte del programa de desarrollo del Paseo de San Francisco, han continuado ganando amparos federales para poder conservar su patrimonio “ninguno se respeta, y la destrucción avanza”.
Villa Flora pertenece a la familia Marín Armenta, la cual padeció el inicio de la demolición de su domicilio en mayo de 1997, sin que el gobierno de estado les hubiera enviado una notificación previa.
El 12 de febrero de 1999, dos días antes de terminar su trienio, Gabriel Hinojosa Rivero decidió eliminar la causa de utilidad pública a los predios de nueve personas que buscaron el amparo de la justicia federal por las expropiaciones que sufrieron, entre ellos Villa Flora.
Al inicio del gobierno municipal de Mario Marín Torres, en 1998, un nuevo acuerdo de cabildo revocó la decisión tomada por el alcalde panista.
La demolición y trabajos que se están realizando en esta casona, que en su momento fue considerada como patrimonio histórico de la ciudad, cuenta con el aval de la delegación en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A la fecha, esta dependencia no ha expresado ninguna postura sobre este caso.
