El movimiento magisterial poblano suprimió las negociaciones con la Secretaría de Educación Pública y advirtió que intensificará las protestas contra del gobierno del estado, luego de que el titular de la dependencia, Darío Carmona García, descontó el sueldo a 2 mil maestros que suspendieron actividades para participar en las movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
La medida ejecutada por Carmona es injusta, pues es sabido que las actividades docentes del sector público se suspenden en varias ocasiones por motivos obligados o pretextos banales –como las giras del presidente de la República y el gobernador al interior de la entidad–, y no se sabe de sanciones pecuniarias, administrativas, ni de otra especie.
En el fondo, el secretario es una represalia al movimiento crítico que ha cuestionado la sumisión del Poder Ejecutivo local al gobierno federal y a Elba Esther Gordillo en la discusión sobre la ACE. Carmona es, en los hechos, un aliado incondicional de las dirigencias de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no escatima en aportar la cuota de persecución, intimidación y castigo que puede brindarse desde la comodidad de un asiento como el que él ocupa en el servicio público.
Pero si en el terreno laboral Carmona ha exhibido nuevamente el carácter autoritario que lo identifica, en el campo político ha vuelto a la senda del error, pues el movimiento disidente ha demostrado que, lejos de amedrentarse con reprimendas, aumenta su influencia con los elementos que el secretario les aporta.
