En uno de sus más recientes documentos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reseña, a partir de la información brindada por 32 países de la región al 30 de enero del año en curso, las políticas anunciadas por los países frente a la crisis internacional.
Según un breve diagnóstico y como consecuencia de la crisis económica global, América Latina experimenta una reducción de la demanda a sus exportaciones, y en muchos casos un deterioro de los términos de intercambio; además, enfrenta crecientes dificultades para tener acceso a financiamiento internacional. Habría que agregar, en nuestro caso, y según la información difundida ayer por el grupo financiero BBVA Bancomer, la importante salida de capitales que estaría presionando a una mayor devaluación.
En ese contexto, los escenarios de incertidumbre deterioran aún los mercados de trabajo y afectan negativamente al consumo y a la inversión, y si bien en un primer momento la mayor parte de las iniciativas buscaba garantizar la liquidez de los mercados financieros locales, paulatinamente el eje de los anuncios de las políticas públicas se ha ido desplazando al área fiscal.
Según el informe de la Cepal, “La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional”, las políticas incluyen aumentos de subsidios, disminuciones de impuestos e incrementos del gasto público, en especial en infraestructura, entre otras. Como los impactos de la crisis difieren entre países, varían los instrumentos indicados para contrarrestarlos, los cuales están también en función de las distintas capacidades de los países para aplicar políticas, según su espacio macroeconómico para financiarlas y su marco institucional.
La síntesis realizada por la institución agrupa estas políticas en cinco categorías: monetaria y financiera; fiscal; cambiaria y de comercio exterior; sectoriales, y laborales y sociales. Sosteniendo que en esta coyuntura la política fiscal es más potente que la política monetaria, aunque también existen diferencias significativas dentro de dicha política.
Afirmando también que “las medidas orientadas a aumentar el gasto tienen mayor potencial que aquellas basadas en una disminución de impuestos... si el mayor gasto se concreta por la vía de un aumento de las transferencias directas, el impacto será mayor en la medida en que sea posible focalizarlas en sectores con una mayor propensión a consumir; de igual modo, cuando el aumento del gasto se realiza mediante la realización de programas de incremento de la inversión en infraestructura, debe tenerse en cuenta que no todos los proyectos tienen el mismo impacto en términos de empleo y demanda de insumos producidos localmente”. La Cepal estima importante que los gobiernos continúen desplegando todo el potencial con que cuentan en términos de políticas públicas anticíclicas para acotar lo más posible la proyectada disminución del crecimiento regional y moderar los impactos negativos sobre el empleo y la pobreza.
En el caso de México, además de las medidas ya conocidas en el Programa para impulsar el crecimiento y el empleo, anunciado el 8 de octubre de 2008 y las dadas a conocer el 7 de enero de 2009, en el marco del Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo, de cuyos efectos anticíclicos dudamos, destaca lo que realmente ha mantenido cierto entorno de estabilidad en el estancamiento, que es la cobertura a 70 dólares por barril contra fluctuaciones en el precio del petróleo, cuyo costo fue de mil 100 millones de dólares, que aseguran el 90 por ciento de la exportación, contándose, además, con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
