Huauchinango. Abuso de autoridad, intimidación y malos tratos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de este municipio provocó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos que dictaminó como procedente y emitió la recomendación respectiva a las autoridades municipales.
La queja, formulada por Emilio Rafael Rivera Hernández, refiere a que estaba en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF municipal con el fin de recoger a sus dos pequeños hijos, ya que su ex esposa, de nombre Norma Flores Cruz, pactó un convenio ante el juez de competencia en donde se dejó estipulado que la última semana de cada mes se le permitiría convivir con los niños.
Esto debido a que ella tiene la custodia definitiva de los menores. Luego de que el quejoso, proveniente de la ciudad de México DF, llegó a la UBR para hablar con su ex esposa y preguntar por ella a la coordinadora jurídica Erika Palacios, ésta le informó que en unos minutos acudirían unas personas para darle la información solicitada.
Luego de un rato llegaron dos personas del sexo masculino, ostentándose como Servidores Públicos del DIF municipal del Distrito Judicial de Huauchinango Puebla, quienes dijeron llamarse, uno de ellos Carlos “N” (fotógrafo) y el otro de nombre José Luis Hernández coordinador jurídico, a quienes les solicitó la información sobre el paradero de su ex esposa. Ambas personas se alteraron, lo amedrentaron y pretendieron tomarle algunas fotografías, al mismo tiempo que decían que eran de la prensa. Ante esta situación, solicitó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos señalando como autoridad responsable de malos tratos, intimidación y por incumplimiento de un deber a los servidores públicos del DIF.
Pese a la negativa de la autoridad para reconocer esta situación provocada por servidores públicos, así como la pretensión de distorsionar los hechos alegando que Emilio Rafael Rivera Hernández fue el agresor y quien usó malos modos al preguntar por su ex esposa, la CDH investigó los hechos y se evidenció la mentira oficial.
El servidor público José Luis Hernández Velázquez, auxiliar jurídico del DIF municipal, quien se acompañó de un reportero, su actuar a través del elemento que intervino, no se encuentra sustentado, ya que el procedimiento que siguieron está completamente fuera del marco jurídico de respeto, pues de haber existido, para la autoridad, una falta que el quejoso o sus acompañantes lo hubiesen cometido, lo siguiente era ponerlo a disposición de la autoridad y no dedicarse a intimidar y maltratar. Situación que está acreditada por el quejoso dentro de las actuaciones del expediente, así como con la prueba testimonial, desahogada ante esta institución, que hace prueba plena de los hechos denunciados
