Con los votos de diputados del Partido Nueva Alianza, del Trabajo, Convergencia y del Revolucionario Institucional, las reformas constitucionales en materia electoral fueron aprobadas ayer en la sesión ordinaria del Congreso local, con el que se confirma que la elección para gobernador será en noviembre de 2010 y no en julio, como pretendía la oposición.
De esta manera, los legisladores locales del tricolor hicieron valer, de nueva cuenta, su mayoría en el Congreso para imponerse a los diputados de oposición –Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)–, quienes buscaban aplicar el día nacional de elecciones –5 de julio– en los próximos comicios estatales a fin de establecer que el gobernador electo, sucesor de Mario Marín Torres figurará por un periodo de cinco meses.
La sesión ordinaria de ayer en el Congreso local inició con la presentación de la iniciativa para reformar y modificar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipeep) en voz de la perredista Irma Ramos Galindo.
La coordinadora de la bancada del PRD rechazó que la tardanza del grupo parlamentario para mostrar la propuesta electoral sea parte de una estrategia para descalificar lo realizado hasta el momento; por el contrario, señaló que el fin era “frenar” la aprobación en fast track por parte de los legisladores del PRI para que los funcionarios se tomaran un receso a fin de revisar las ideas plasmadas por el sol azteca.
“Consideramos que no podemos votar de un día para otro sin el análisis respectivo; además, tenemos la certeza jurídica de que el límite para realizar las adecuaciones electorales es hasta que finalice el primer periodo de sesiones; es decir, el próximo 15 de marzo. De esta manera tendremos más de un mes para el estudio procedente y una votación sin distingos partidistas”, acotó durante su intervención en tribuna.
Ramos Galindo explicó que la propuesta del PRD considera asegurar la legalidad, la transparencia, la equidad en los medios de comunicación, la rendición de cuentas y la protección del interés supremo del estado mediante la dotación de garantías a los electores para que haya elecciones auténticamente libres y equitativas.
“Es imperativo proponer la concurrencia de las elecciones locales, estatales y federales, que deben formar parte del camino de una democracia sólida y fortalecida. Resulta necesario homologar las elecciones de los diputados locales y presidentes municipales con las realizadas para presidente de la República, diputados federales y senadores, para permitir una mayor participación electoral más eficiente”, puntualizó.
Sin embargo, la pretensión de la diputada perredista no fue tomada en cuenta por los diputados locales, y su iniciativa local fue turnada a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local para ser analizada e incluida en las propuestas legislativas para la formación de las leyes secundarias de la reforma electoral.
Minutos más tarde, el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, José Othón Bailleres Carriles, anunció la discusión sobre el dictamen en materia comicial, al que las críticas llegaron en cascada por parte de los diputados Gustavo Espinosa Vásquez, del Panal; José Manuel Pérez Vega, del PT; Melitón Lozano Pérez, del PRD, y Eduardo Rivera Pérez, del PAN, frente a la contención mayoritaria del PRI y el Partido Convergencia.
En primer término, la convergente Carolina O’Farrill Tapia admitió su insatisfacción por la reforma presentada la tarde de ayer en el Congreso, pues consideró que carece del establecimiento de los tiempos que se otorgan en los medios de comunicación; además, condenó la falta de sensibilidad política, pues en las reformas rechazaron la utilización de las candidaturas ciudadanas; sin embargo, expuso que su voto sería a favor de la propuesta priista, que hasta ahora sumaba 26 votos.
En contraste, el diputado José Manuel Pérez dio a conocer que su voto sería en contra debido a que la forma en la que se elaboró el dictamen referido. En el mismo sentido votarían los legisladores Gustavo Espinosa y Melitón Lozano, junto a la bancada del PAN.
Finalmente, el dictamen de ley fue aprobado con el aval de la mayoría tricolor y los votos de O’Farril Tapia; Manuel Fernández, del PT, y Rogerio Pablo Contreras Castillo, del Panal, quien sorprendió con su voto a los demás legisladores del Congreso local.
Posterior a la votación en el pleno legislativo, el diputado del Panal consideró que el sentido de su voto fue obedeciendo los principios de “congruencia”, pese a que en días anteriores los dos diputados del Panal presentaron una iniciativa electoral. “En este caso, los argumentos que expuso el PRI son convincentes para mí. Yo voté porque me pareció la mejor opción; no respondo a los intereses del PRI; actué con plena libertad”, concluyó.
