Durante los últimos dos años el gobierno federal malgastó 3 mil 651 millones de pesos en el programa Proárbol, el cual no ha logrado abatir el déficit comercial forestal calculado en 5 mil 288 millones de dólares ni ha contribuido al bienestar de las comunidades que habitan en las zonas forestales.
Así lo denunciaron integrantes de la organización ambiental Grupo Bosques, quienes enfatizaron en la necesidad de replantear la política forestal del país.
A través de un comunicado de prensa denunciaron que programas como Proárbol se diseñan sólo para cumplir las metas administrativas y conseguir “récords en la siembra de arbolitos, los cuales son de relumbrón y poco contribuyen a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales del país”.
Esos esfuerzos, además, no reducen el déficit comercial forestal nacional, que en 2008 alcanzó los 5 mil 288 millones de dólares, ni mejoran el bienestar de las comunidades que habitan en las zonas forestales, señalaron.
Cientos de comunidades y ejidos dueños de terrenos forestales, apuntaron, han avanzado en la ordenación y manejo planificado de más de 6 millones de hectáreas de bosques y selvas, demostrando que es compatible la conservación de los recursos y el desarrollo local; sin embargo, criticaron, aún quedan más de 50 millones de hectáreas que no han sido incorporadas a ningún esquema de manejo ni planificación, por lo que están expuestas a los incendios, a la tala ilegal y al cambio de uso de suelo.
En ese sentido, los integrantes de Grupo Bosques afirmaron que la solución a la deforestación, la pobreza de las comunidades en regiones forestales y la crisis económica que enfrenta el sector sólo se reducirán en la medida en que la política forestal tenga como prioridad el desarrollo sustentable, el manejo comunitario de los bosques, el fortalecimiento de la economía local, la reconversión tecnológica y la mejora en las condiciones de competitividad económica.
Los ambientalistas propusieron cuatro lineamientos básicos para la nueva política forestal: fortalecer la gestión comunitaria de bosques y selvas para desarrollar la producción boscosa de la comunitaria; democratizar la toma de decisiones para garantizar la gobernanza en la gestión; integrar la política de desarrollo rural con la forestal, y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los programas.
