Luego de dos días de protestas, los docentes que participan en la disidencia del magisterio poblano aceptaron frenar sus movilizaciones como consecuencia de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aceptó instalar una mesa de diálogo para analizar las denuncias de actos de represión que se han desatado contra los profesores que se oponen a la ACE.
La actitud que ha asumido el gobierno del estado en este inicio de año en relación al conflicto magisterial parece transitar por un camino equivocado, ya que muestra una indefinición de cómo resolver este problema de orden político, laboral y educativo.
Por un lado, el gobierno ofrece diálogo por medio de la Secretaría de Gobernación, y por otro el titular de la SEP, Darío Carmona García, recurre a las amenazas en contra de los docentes que participan en la disidencia.
Es cierto que la solución al conflicto le corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que está contaminado por diversos intereses políticos, pero el gobierno debe tener conciencia de que si no muestra una actitud firme, en la que privilegie el dialogo y la negociación, su indefinición lo puede llevar a que el problema se agrave y se salga de control.
Una primera medida que debería adoptar el gobierno del estado es marginar de las negociaciones con la disidencia al titular de la SEP, Darío Carmona García, quien lejos de mostrarse como un secretario del gabinete que debe dar alternativas a los problemas que se presentan en el sistema educativo, se sesga del lado del SNTE y rompe con la política de diálogo y tolerancia que se ofrece desde la Secretaría de Gobernación.
