El proceso interno del PRI, en el que se registraron los aspirantes a una candidatura de diputación federal por Puebla, estuvo empañado con acusaciones de imposición, poca “higiene política”, violaciones a la ley electoral y una denuncia ante las autoridades por conato de agresiones físicas entre un grupo de simpatizantes.
Además, en los distritos de Huauchinango, Teziutlán, VI de Puebla, Tepeaca y Ciudad Serdán, se presentó más de un aspirante, por lo que el tricolor tendrá que realizar elecciones, a través de una Convención de Delegados, a fin de escoger al aspirante final.
La Comisión Estatal Electoral del tricolor recibió la solicitud de 23 posibles candidatos, cinco mujeres y 18 hombres, entre ellos: Julieta Marín Torres, hermana del gobernador; Enrique Peredo Grau, ex edil de Teziutlán; Óscar Aguilar González, ex director del Instituto Poblano de la Vivienda; Janet González Tostado, diputada con licencia por el distrito de San Martín Texmelucan, y Alberto Jiménez Merino, ex secretario de Desarrollo Rural.
El proceso, que comenzó a las 8:15 de la mañana con la instalación de la Comisión Electoral –encargada de recibir formalmente las solicitudes de registro a una candidatura y revisar que la documentación entregada estuviera completa– fue cuestionada por más de un aspirante, al señalar imposiciones por parte de los grupos políticos en la designación de candidaturas “de unidad”.
Rafael Palacios Vega, postulante por el Distrito VI, con sede en la capital poblana, fue el primero en inconformarse por el proceso, pues denunció públicamente que su contrincante, Francisco Ramos Montaño, utilizó la estructura del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ) para promoverse entre los ciudadanos.
Además, indicó que el equipo de apoyo a Ramos Montaño agredió verbalmente a dos de sus colaboradores, quienes intentaron colocar dos mantas con mensajes de apoyo a Palacios Vega, por lo que presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República.
Al respecto, Francisco Ramos Montaño negó los hechos y aseguró que será respetuoso de su contrincante. Durante su registro contó con el apoyo de más de 300 integrantes del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) y el apoyo directo de Mario Marín García, hijo del gobernador, quien también recibió porras por parte de los simpatizantes al ex director del IPJ.
En tanto, alrededor de las 11 de la mañana, Selim Yunes Ledesma, aspirante por el distrito de Tepeaca, se presentó en las instalaciones del PRI estatal con el respaldo de alrededor de 500 tepeaquenses, quienes caminaron desde la fuente a Ignacio Zaragoza y bloquearon la diagonal Defensores de la República por espacio de 40 minutos.
Yunes Ledesma afirmó que aunque ha tenido acercamientos con la dirigencia estatal, espera que el proceso “no sea una imposición más”, por lo que manifestó su confianza en el proceso interno para la elección de candidatos, pues tendrá que competir frente a Alberto González Morales, ex diputado local.
Del respaldo político
Durante su registro, Juan Carlos Lastiri Quirós, aspirante al distrito de Zacatlán, contó con el apoyo directo de los diputados locales, Carlos González de la Calleja, Carlos Martínez Amador y Juan Antonio González Hernández, quienes acudieron a la sede del PRI estatal en lugar de presenciar la comparecencia de la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, Claudia Rivadeneyra, en el Congreso local.
Al respecto, González Hernández apuntó que el trabajo legislativo no se verá retrasado por su falta a la comparecencia, pues “la responsabilidad recae en la Comisión de Gobernación, la que analizará y presenciará la comparecencia. Nosotros ya cumplimos con nuestro deber de estar en el pleno en la comparecencia del secretario de Gobernación, Mario Montero, y ahora estamos apoyando a quien consideramos nuestro amigo”, destacó.
Asimismo, el legislador local Mario Méndez Reyes acudió a respaldar las aspiraciones de Julieta Marín Torres, hermana del mandatario estatal, junto al edil de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, quien fue señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de agredir al diputado petista José Manuel Benigno Pérez Vega.
En su turno, Julieta Marín defendió su derecho de participar en el proceso interno del tricolor y negó que su presencia –junto a la de sus cuatro hermanos y legisladores locales– sea una señal del respaldo del gobernador. No obstante, admitió: “como hermano, él me dice que me apoya en mis aspiraciones, y que si estoy segura, él estará ahí para apoyarme”.
De candidatos y peripecias
Francisco Ramos Montaño y María del Carmen Izaguirre Francos, quien es apirante para el distrito de Tehuacán, tuvieron que esperar más de 25 minutos para su registro, pues se presentaron ante la Comisión Estatal Electoral sin copias simples de sus documentos, por lo que enviaron a personas de sus equipos a completar la documentación.
Mientras Blanca Estela Jiménez Hernández terminaba de dar declaraciones a la prensa poblana, los mariachis que la acompañaron comenzaron a tocar El Son de la Negra, mientras a Óscar Aguilar González le estuvieron tocando la melodía en mariachi de El Rey.
La diputada con licencia por el distrito de San Martín Texmelucan, Janet González Tostado, afirmó que en caso de perder la contienda electoral el 5 de julio, regresará a su curul en el Congreso local, pues “la intención es apoyar a la ciudadanía desde cualquier ámbito”.
Marín no mete la manos: Armenta
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, consideró que la presencia de la familia Marín –como participantes directos e indirectos en el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales– no es sinónimo de imposiciones o pago de facturas por parte del mandatario estatal.
Refirió que cualquier mexicano tiene derechos políticos, lo que da la oportunidad de participar en los comicios electorales mientras no exista una prohibición constitucional:
“Creo que en el partido no podemos realizar acciones que limiten su participación; los hermanos y sus hijos de cualquier político tienen derechos legítimos en tanto la Constitución no lo prohíba”, acotó en entrevista.
