El director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICJ), Germán Molina Carrillo, presentó una propuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) para despenalizar el aborto antes de las 11 semanas de gestión, con el fin reactivar la discusión en el Congreso estatal, donde la iniciativa permanece en la congeladora desde julio de 2007.
El ex primer visitador de la CDH señaló que la omisión de los legisladores locales está provocando que cada año 15 por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo pierda la vida por recurrir a clínicas clandestinas.
La iniciativa para despenalizar la suspensión voluntaria del embarazo la presentó en la Legislatura pasada el entonces diputado perredista Rodolfo Huerta.
La propuesta consiste en reformar los artículos 340 y 341 del Código de Defensa Social del estado para eliminar el delito de aborto realizado dentro de las 12 semanas de gestión –una semana más que la considerada en el proyecto del ICJ.
La iniciativa del sol azteca, sin embargo, nunca fue turnada a comisiones para analizarla, pese a que los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la votaron a favor desde abril del año 2007.
En ese entonces, los diputados del PRI y del PAN formaron un bloque para condenar la propuesta perredista, argumentando que un producto con gestación de 12 semanas tiene vida.
En consecuencia, el Código de Defensa Social considera hasta el momento sólo tres situaciones bajo las cuales la interrupción del embarazo no es sancionada: cuando sea resultado de una violación, la vida de la madre se encuentre en riesgo o cuando el producto presente malformaciones graves.
Para reactivar la discusión en el estado, el director del Instituto de Ciencias Jurídicas entregó a la CDH una propuesta para despenalizar el aborto siempre y cuando se practique antes de que el feto cumpla 11 semanas de formación.
Los integrantes del área de comunicación social de la comisión señalaron, por su parte, que la ombudsman de Puebla, Maritza Bullen Navarro, tendrá que analizar la propuesta para determinar si la remite al Congreso del estado.
En rueda de prensa, Germán Molina enfatizó que los legisladores tienen que aprobar la reforma porque con ella o sin ella cuatro de cada 10 mujeres interrumpen su embarazo en la entidad.
Ante la falta de opciones, explicó, las personas que optan por esa alyernativa recurren a las clínicas clandestinas o viajan al Distrito Federal.
La Organización Mundial de la Salud estima que por cada 100 mil abortos clandestinos, se registran mil muertes, lo que representa 1 por ciento de los casos.
La situación se agrava en Puebla, donde 15 por ciento de las intervenciones termina con el fallecimiento de la embarazada, según las estadísticas que Molina proporcionó en la conferencia de medios.
