Las medidas anunciadas por el gobierno federal el pasado 7 de enero a favor de la economía familiar y el empleo no lograrán tales propósitos, pues no se encaminan a revertir los factores que han ocasionado la contracción económica. Se anunció que se congelará el precio de la gasolina. Sin embargo, el año pasado éste aumentó 14 por ciento, mientras el resto del mundo disminuyó sus precios en los últimos meses. Al mantenerse constante en nada disminuye los costos de producción ni mejora el poder adquisitivo de la población. Se dijo que se apoyará a quienes pierdan su empleo, pero no se anunció ninguna política encaminada a mantener e incrementar el empleo permanente. Se apoyará la vivienda popular, pero no se anunciaron medidas para beneficiar a los que han caído en cartera vencida en el Infonavit ni para evitar los embargos. Por el contrario, la semana anterior se anunció que se pasó dicha cartera a empresas privadas, para que cobren dichos créditos a como de lugar. Se mencionó que las pequeñas y medianas empresas serán beneficiadas con créditos, pero lo que menos quieren dichas empresas es seguirse endeudando, pues no tienen asegurado el flujo de ingresos para cubrir el reembolso de la deuda. Lo que quieren es ver incrementadas sus ventas y sus ingresos, y ninguna de las medidas de dicho acuerdo nacional va encaminada a aumentar el gasto público y los salarios reales para dinamizar el mercado interno y contrarrestar la caída de exportaciones y beneficiar la producción y el empleo nacional. Las 25 políticas anunciadas no van encaminadas a disminuir el costo de la deuda ni a incrementar el ingreso de empresas e individuos para cubrir sus obligaciones financieras y salir de la cartera vencida que enfrentan. Por el contrario, prosiguen las altas tasas de interés, lo que afecta el crecimiento de la inversión y el consumo e incrementa el costo de la deuda, recreando los problemas de insolvencia. Lo lamentable es que el gobernador del Banco de México siga insistiendo (en la conferencia impartida el 9 de enero en el ITAM) que el crecimiento no es asunto de la política monetaria, después de que ésta ha sido la causante del mayor subdesarrollo que enfrenta la economía nacional, al actuar a favor de los dueños del dinero y en detrimento de la esfera productiva y la generación de empleo, y por lo tanto causante del bajo crecimiento de la economía en los últimos años y de la crisis que enfrentamos. La política monetaria dio pauta a prácticas especulativas que han desquiciado a la economía, al no regular al sector financiero y al permitir que la asignación crediticia actúe en detrimento del sector productivo. El responsable de dicha política debería ser llamado a juicio político, dado el alto costo económico y social que ha ocasionado al país. Se ha configurado un contexto donde el costo de la deuda (la tasa de interés) crece en mayor proporción que el ingreso nacional y de los deudores, y de ahí los problemas de cartera vencida, la restricción crediticia y la recesión económica, y no obstante ello, se afirma cínicamente que el crecimiento no es asunto de la política monetaria.
Mientras los países desarrollados y muchos en desarrollo están reduciendo su tasa de interés para disminuir el costo de la deuda y favorecer el consumo y la inversión para salir de la crisis financiera y de la recesión, las autoridades monetarias del país siguen insistiendo en no disminuirla. Ello agravará los problemas de cartera vencida, la contracción crediticia, de la inversión y del empleo, por lo que el comportamiento de la actividad económica será negativo, como el propio funcionario del banco central anunció, al decir que el pronóstico de cero crecimiento para 2009 hecho por el secretario de Hacienda era optimista.
El gobierno federal sigue sin comprender la gravedad de la crisis ni el por qué de la misma. Señala que ésta es derivada de la crisis económica mundial, y no acepta que los problemas económicos que el país enfrenta son resultado de la política económica que ha venido predominando. Ha sido la política de altas tasas de interés, la de disciplina fiscal, el abaratamiento del dólar (y de las importaciones) por muchos años, junto a la liberalización y desregulación financiera (donde la banca especula y hace lo que quiere sin restricción alguna), así como la política de apertura económica generalizada, lo que nos ha llevado a tener menos industria, menos producción agrícola, menos empleo productivo, un sector bancario disfuncional (que gana lo que quiere y no otorga créditos a la esfera productiva) y crecientes déficits comerciales externos, todo lo cual nos hace incapaces de hacer frente a la crisis económica mundial. Mientras no se revierta dicha política, no habrá perspectivas de frenar el contexto recesivo que se está presentando en la economía nacional. Se siguen priorizando los objetivos de baja inflación, de disciplina fiscal y de liberalización y desregulación económica, como si nada aconteciera en el país. No se dan cuenta que el problema es de falta de crecimiento económico, de falta de generación de empleo, de no crecimiento del mercado interno y del mercado externo. Se sigue confiando en el mercado de economía abierta como la solución a nuestros problemas, sin considerar que ello nos ha llevado a una crisis enorme. El gobierno federal no asume el papel que otros gobiernos del mundo están teniendo en estos momentos, de actuar como empleadores de última instancia, y como dinamizadores de sus economías a través de la expansión de su gasto y de la instrumentación de medidas proteccionistas, como de control, regulación y fiscalización al sector financiero.
