El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) alista una nueva controversia constitucional que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por la asignación de un presupuesto de 107 millones de pesos al Poder Judicial, mismo que es deficitario y atenta contra su autonomía.
El presidente del TSJE, Luis Aquiáhuatl Hernández anunció que procederán a través de esta vía, con la finalidad de “tratar de resarcir lo que por cerrazón no nos entregan y que se convierte en un atentado hacia las garantías individuales de la ciudadanía del estado de Tlaxcala”.
El pasado 1 de enero entró en vigor el decreto de Presupuesto de Egresos para 2009, el cual contempla una asignación de 107 millones de pesos para el Poder Judicial, de los cuales 2 millones serán para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, por lo que en los hechos al Tribunal le corresponderán los mismos recursos que el año anterior.
Ante esta situación, el presidente–magistrado anunció que “los diputados tendrán que justificar ante los ministros por qué la reducción y las razones por las cuales los otros poderes sí tuvieron un mayor incremento. Ellos autorizaron un aumento hacia el Poder Legislativo y hacia el Ejecutivo, pero para el Judicial no hubo ninguno, situación que va en contra de la autonomía financiera e independencia de funcionamiento del Tribunal, se quejó Aquiáhuatl Hernández.
–¿Entonces se avizora una nueva controversia constitucional? –se le inquirió.
–Es indiscutible que sí, ya que no nos podemos quedar solamente a la expectativa y a la voluntad de acuerdos o apoyos que no prevalecen en una cerrazón absoluta y un daño a todo lo que corresponde a las finanzas del TSJE.
Aquiáhuatl Hernández manifestó que la determinación de los diputados de no dotar a los integrantes del Poder Judicial de los recursos necesarios para el cumplimiento cabal de sus funciones jurisdiccionales es “responsabilidad del Poder Legislativo, sobre todo porque pretenden de esa manera limitar el funcionamiento del Tribunal, con la ocurrencia de que afectan a los magistrados”.
Sin embargo, el presidente del Tribunal enfatizó que con la medida “no afectan a los integrantes de este poder o al pleno del Tribunal, ni a los jueces, ya que aquí a quien se afecta directamente es a la ciudadanía tlaxcalteca que es la que eligió a los diputados, porque hay perjuicio notorio y absoluto en contra de las garantías individuales de todos los ciudadanos”, subrayó.
Respecto a los 107 millones de pesos que les asignó el Legislativo para el presente ejercicio fiscal, de los cuales 105 millones serán para actividades jurisdiccionales y 2 millones de pesos para la operación del Consejo de la Judicatura, el magistrado sostuvo que éste es deficitario en al menos 13.5 millones de pesos con respecto a los 119.5 millones de pesos que gastaron el año pasado, por lo que “vamos a tener graves implicaciones, ya que no tendremos los recursos suficientes para los proyectos y acciones que tenemos encomendadas.
“Nos encontramos ante una situación caótica en relación con nuestras finanzas y no es que afecte a determinada área, sino que lo hace a todo el Poder Judicial. Prácticamente sólo está garantizado el capítulo 1000 (salarios de los integrantes del Tribunal), pero no habría partidas para materiales y suministros, gastos médicos y otras erogaciones en bienes muebles e inmuebles”, explicó Aquiáhuatl Hernández.
Es más, respecto a la asignación de los 2 millones de pesos para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, el magistrado adelantó que los consejeros designados por el Ejecutivo y el Legislativo “tendrán que cobrar sus emolumentos en los poderes que los nombraron y no en el Judicial, porque aquí no vendrán a desempeñar ninguna función jurisdiccional, solamente se les llamará para cumplir una tarea administrativa y si vienen a laborar es para que lleven información a cada uno de las instituciones públicas que representan”.
El presidente del Tribunal manifestó que el Poder Judicial tiene un plazo de 30 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto de presupuesto, para presentar esta nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte, para que a partir de ello se resuelva la presunta ilegalidad de la asignación de su gasto para el año 2009.
