En la década de los sesenta, los gobiernos socialdemócratas llevan a su máxima expresión el deber del Estado de ser el garante de la distribución de la riqueza y en ese sentido los estados socialdemócratas determinan que los servicios públicos deben atender a todos los habitantes sin discriminación alguna. La educación, en particular, se constituye no sólo en un servicio público para todos sin discriminación, sino en el eje creador del público, del ciudadano.
Si la sociedad no discrimina, la educación en general y la escuela en particular es el espacio y receptáculo de la diversidad social, lo que permite a los niños conocer y respetar al otro en función de reconocer que entre uno y otro no existe más igualdad que la de los derechos, pero se mantienen las diferencias individuales en el color de piel, la lengua, el lugar de nacimiento, el origen étnico, la religión, etc. Se comprende que el mundo es diverso.
En la década de los ochenta, el poder del Estado se desploma y el mercado emerge como el elemento regulador de todas las relaciones, lo que provoca una tensión permanente entre el trabajador y el ciudadano, mientras en lo político las personas son los soberanos del poder, en tanto que en lo económico son los excluidos del trabajo y la seguridad social.
Los derechos humanos son eje de los estados de bienestar por los que establecen un pacto entre el capital y el trabajo y ubican al Estado como el garante de la distribución de la riqueza. Sin embargo, el Estado deja de tener esa función de árbitro y todo queda en manos del mercado. Los derechos humanos se desarrollan así en dos vertientes: A) una visión mundial que sin tener en cuenta las condiciones objetivas de existencia de las personas pretende garantizar a todos los mismos derechos. B) una visión que desde lo local demanda el respeto a lo propio, a su identidad y sus prácticas. Entre estas dos visiones se producen localismos y tribalizaciones, pues se reconoce la existencia del otro, pero no se interactúa con él más que en posición de fuerza o poder (Herrera 2004).
La migración de la población es una constante en el siglo XX, sólo que ésta tiene dos direcciones: A) la migración que sale de Europa y coloniza partes de América, África y Asia y determina la desaparición física de los grupos originarios o los cerca para convertirlos en reservas y construir espacios multiculturales sin ninguna relación, con lo que se establece una relación de cultura superior y cultura subordinada. B) la migración que sube del sur al norte que va en busca de trabajo y que por sus condiciones económicas y de origen construye espacios periféricos y marginales, en donde se reproduce con su cultura. En los dos casos, la sociedad ha aplicado una política de acción afirmativa o de discriminación positiva, a fin de que los originarios o los migrantes pobres se integren a la cultura dominante.
El mundo se globaliza, las verdades absolutas dejan de existir y las poblaciones se mueven en busca de mejores condiciones. La globalización obliga a hacer visibles a todos los habitantes del mundo, los conocimientos se relativizan y las cosmovisiones, los valores, las formas de ver al mundo se interrelacionan de manera más rápida provocando la interculturalidad. La sociedad avanza de manera sustancial en el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la democracia, pero en lo económico las brechas cada día se hacen más grandes entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho, entre la región norte y sur, entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre la riqueza y la pobreza.
La interculturalidad, asume Rodrigo (2001) es el producto de tres circunstancias: la teoría del conocimiento porque las configuraciones científicoculturales surgen del espíritu de la época; la globalización que lleva a afirmar las diferencias en razón de que éstas cada vez son menos perceptibles y, las migraciones que producen intercambios, mezclas, hibridaciones y mestizajes.
En tanto, Schmelkes (2006) funda la interculturalidad en dos principios, uno filosófico y otro político. La filosofía de la otredad que lleva a concebir la cultura como una expresión múltiple, dinámica, viva y adaptable que permite el reconocimiento del otro en un marco de respeto y, la democracia que supone el pluralismo, por lo que debe reconocerse, respetarse y negociar con las minorías para no caer en tiranía de mayorías, lo que demanda de la igualdad.
Zimmermann (1997) asume que la interculturalidad se funda en cinco principios: a) es una consecuencia lógica de los derechos humanos, b) es una consecuencia lógica de la ética, c) la economía requiere recursos intelectuales (humanos), d) las relaciones interétnicas e interculturales de mutuo respeto y dignidad que proporcionan una identidad positiva a cada uno (en términos étnicos y culturales) y, e) una autoestimación positiva (en términos individuales), que disminuyen la posibilidad de futuros conflictos, que son malos para la vida social en general y para la economía en particular.
Díaz–Couder (1998) afirma que dependiendo de cómo se defina la cultura, así son las estrategias educativas que se siguen, nosotros compartimos la conceptualización que hace García Canclini (2006) como “el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación social” que se expresa en cuatro líneas: a) como una instancia en la que cada grupo organiza su identidad, 2) como una instancia simbólica de la producción y reproducción de la sociedad, 3) como una instancia de conformación del consenso y la hegemonía , o sea, la configuración de la cultura política y también de la legitimidad y, 4) como dramatización eufemizada de los conflictos sociales.
Comparten discapacitados
e indígenas elementos comunes
Los discapacitados y los indígenas comparten muchos elementos comunes en relación a la atención educativa que hace el Estado mexicano, uno y otro han sido concebidos como diferentes y en ese sentido se ha creado para cada uno de ellos sistemas paralelos de educación: educación bilingüe para los indígenas, educación especial para los discapacitados. La esencia de una y otra propuesta es que se parte de reconocer que no comparten los mismos procesos de desarrollo biológico y psicológico de la gente considerada normal.
Los movimientos sociales por los derechos humanos y por los derechos civiles, así como la modificación de las funciones del Estado han llevado a descubrir que los indígenas y los discapacitados “son humanos” y en ese sentido, es posible que puedan participar, ser integrados en la corriente principal de la educación, aunque con algunas estrategias públicas de mediación.
La diferencia, la desigualdad y la desconexión son los elementos que expresan las particularidades del ser indígena o el ser discapacitado, son los grupos minoritarios que se encuentran en condiciones de mayor pobreza y en ese sentido se encuentran excluidos de los servicios públicos que el reconocimiento de los derechos humanos le determina que debería tener.
Los movimientos hacia la integración y/o la inclusión en educación especial han provocado el surgimiento de antinomias a la manera de Bruner (1997), pues por un lado prevalece una concepción de que la discapacidad está en el sujeto y, por el otro, la ubica en las barreras del aprendizaje y la participación.
Teorías sociales como la de la tragedia personal o del estigma establecen que la discapacidad es algo que le sucede al sujeto, al individuo y no tiene nada que ver la sociedad. Es la persona la que en su proceso de desarrollo sufre una alteración que le produce una incapacidad y, por tanto, no puede cumplir con los roles sociales o, por el contrario, se mantiene marcada y por lo tanto diferenciada y aislada de la sociedad, pretendiendo que esto se resuelva con un cambio de actitudes individuales y de la colectividad.
Las teorías de la opresión, por el contrario, señalan que el problema de la discapacidad no está en el individuo, sino en la incapacidad de la sociedad para responder a las necesidades de los discapacitados, lo que les impide participar como cualquier persona en los papeles y las tareas como lo hace un ciudadano común. Esto es crecer y jugar en los espacios públicos, transitar por las calles, formarse en la escuela, incorporarse a un trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, el problema está fuera del sujeto.
Asumir una u otra posición es reconocer que efectivamente en la persona existe una causa objetiva de carácter orgánico biológico: la ceguera, la sordera, la mudez, etcétera, que requiere de ser conocida, comprendida para crear condiciones de atención que permitan disminuir, atenuar o manejar y, por otro lado, la sociedad las observa como minorías, pero no los tiene en cuenta aunque les reconozca derechos y deberes como integrantes de la sociedad.
