El edil de Amozoc, Alfredo Bretón Sánchez –emanado del Partido Revolucionario Institucional–, fue denunciado por vecinos de la junta auxiliar de San Mateo Mendizábal por casos de nepotismo, corrupción y desvío de recursos en su administración, que empezó el 16 de febrero de 2008.
El representante legal de los amozoquenses, Ricardo Lozano Cerón, aseguró que el edil priista realiza cada mes una venta de las despensas que el DIF estatal entre la gente, por lo que exigió al Congreso local iniciar una auditoria en el Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS) a fin de detectar las irregularidades y sancionar a los responsables.
Sobre el nepotismo que impera en la región, indicó que al menos 10 familiares de Bretón Sánchez laboran en la administración local, lo que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal está prohibido; además, Lozano Cerón acusó que el edil de Amozoc actúa con abusos de poder, ya que durante la pasada festividad del pueblo el priista impuso a proveedores amigos suyos para abastecer de las necesidades de la gente, lo cual resultó más caro para la administración y el bolsillo de los ciudadanos.
“Cuando le reclamamos de por qué había contratado las cosas más caras teniendo la posibilidad de hacerlo con más ahorro para nosotros, el alcalde nos amenazó con girar órdenes de aprehensión en nuestra contra, porque ahí en el pueblo es autoridad”, acotó.
También, indicó que el pasado mes de diciembre, elementos de Seguridad Pública del ayuntamiento de Amozoc denunciaron de manera anónima la falta en el pago de aguinaldo por parte de la administración local, ya que Bretón Sánchez les negó el derecho por ley.
Hace una semana, el auditor del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, confirmó que han detectado casos de nepotismo en los municipios poblanos, que se refiere a la desmedida preferencia que algunos alcaldes dan a sus parientes para las concesiones y empleos en la administración pública, por lo que anunció que este año iniará una revisión exhaustiva en los 217 municipios y 94 organismos descentralizados para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.
