Por la vía judicial, ante la justicia militar y las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, Karina Quintero Marcial, ex pareja sentimental de Manuel Antele Velasco, ha denunciado los abusos que supuestamente cometió el Ejército Mexicano la semana pasada durante un cateo que realizó para capturar al presunto líder de los Zetas en el estado de Puebla,
Lo anterior fue dado a conocer por Quintero Marcial, quien confirmó que ni a ella ni a su hermana, María del Carmen Quintero Marcial, se les ha comprobado su participación en actividades ilícitas, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que ponerlas en libertad, luego de haberlas detenido arbitrariamente al allanar su domicilio, ubicado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, el pasado martes.
Además, insistió en que Antele Velasco, ex agente de la Policía Judicial poblana, no tiene ninguna relación con la sanguinaria banda de sicarios, y que se presentará ante la PGR para dejar claro que sus actividades profesionales son plenamente legales, pues actualmente se desempeña como guardia personal de un empresario de lucha libre.
En una entrevista dada a conocer a la emisora del Distrito Federal, Radio 13, la mujer dijo haber tenido recientemente comunicación con Antele Velasco: “Hablamos con él y su patrón, dice que van a ir a la PGR de México a la Siedo (Subprocuraduría de Investigaciones sobre el Crimen Organizado) y se va a presentar para que deslinden su responsabilidad”.
“Como dicen que lo van a tener en arraigo, vamos a ver hasta dónde se puede llegar de limpiar todo esto. Cuando él (Antele) ya lo aclare y lo deslinden de todo lo que se dice, entonces vamos a estar tranquilos”, abundó.
“Pues yo nomás espero que se limpie el nombre de mi padre, que es el que se ensució más. Sinceramente lo que pasó no nos perjudica, no nos perjudica porque nosotros somos como somos y nadie nos va quitar de ahí. Y si la gente se va a atemorizar y va a hablar de nosotros sin saber, pues allá la gente. Yo sólo voy de mi casa a mi trabajo y de regreso, llego a la una y me encierro”, expresó Karina Quintero Marcial, refiriéndose a su progenitor, Alfonso Quintero Calva, miembro de Seguridad Vial Municipal, a quien las autoridades del ayuntamiento separaron de sus funciones para ser investigado por el hecho de que su ex yerno es sospechoso de ser un criminal.
Durante un recorrido que este fin de semana hizo La Jornada de Oriente por San Pablo Xochimehuacán, algunos vecinos dijeron tener información de que los militares irrumpieron, sin mostrar orden judicial, en varias casas vecinas a la de las hermanas Quintero, con domicilio en la calle Amanalco número 14.
“Dicen que los soldados estaban revisando hasta a los niños que estaban por ahí, lo que a mí francamente me parece un abuso. ¡Cómo va usted a creer que los niños puedan traer una pistola o una granada!”, expresó el dependiente de un estanquillo.
Las Quintero Marcial informaron que tramitaron una demanda por allanamiento de morada ante la Procuraduría General de Justicia, otra por abusos ante el Ministerio Público de la Secretaría de la Defensa Nacional, amén de que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla inició investigaciones de oficio, que remitirá ante su homóloga nacional en el supuesto de que los atropellos cometidos podrían ser responsabilidad de autoridades federales como el Ejército y la PGR.
Los estatales, marginados
De hecho, las autoridades estatales prácticamente han estado marginadas de las acciones del Ejército y la PGR contra la delincuencia organizada que se han verificado en la entidad desde la semana pasada.
Por ejemplo, el sábado pasado hubo una importante movilización del Ejército mexicano en las inmediaciones de la Dirección de Investigación a la Delincuencia Organizada de la PGJ, ubicada en la zona de El Parral, en la ciudad de Puebla.
Los soldados, quienes llegaron en un vehículo Hummer, encabezaron un dispositivo que incluyó a efectivos de las policías Estatal, Metropolitana y Municipal, y el cual duró no menos de cuatro horas. Al parecer la acción tuvo como propósito el interrogatorio y traslado de un detenido acusado de narcotráfico.
Ninguna corporación local se animó a dar información sobre lo sucedido, pretextando que toda la operación estuvo bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se espera que este día la Procuraduría General de la República informe sobre las actividades que sus elementos están desarrollando en Puebla para combatir al narcotráfico.
